Pedirán auditar proceso contra asesino de exuniversitario Quispe Vila
La defensa de la familia Quispe Vila anunció que solicitará auditar el proceso contra el subteniente de Policía Cristhian Casanova C., quien se declaró responsable de la muerte del universitario Jonathan Quispe, en tanto que el rector de la Universidad Pública de El Alto (Upea), Freddy Medrano, pidió ayer la intervención del Ministerio de Justicia y Defensoría del Pueblo.
La abogada Paola Barriga señaló que, de ser necesario, llegarán a instancias internacionales, en observancia de la normativa interna, debido a las irregularidades con las que se trató el tema y la sorprendente sentencia mínima contra el subteniente Casanova C., actualmente suspendido indefinidamente de la institución policial sin goce de haberes.
En tanto, familiares del universitario victimado, Jonathan Quispe Vila, señalaron que lo único que esperan es justicia y que el caso fue politizado y sin ninguna respuesta a la familia afectada.
“Nos llamaban de varias instituciones que estaban en contra del Gobierno para apoyarnos por una lucha justa y todos querían que el gobierno salga. Nuestra lucha como familia es que las personas que son las causantes de la muerte de mi sobrino vayan a la cárcel”, declaró la tía del victimado Juana Quispe.
El representante del Consejo de la Magistratura (CM) para el departamento de La Paz, magistrado Aldo Castro, afirmó que dentro las competencias habilitadas para este ente contralor, la auditoría puede ser solicitada a instancia de parte por los interesado del caso o de oficio.
“De haber una petición correspondería que el Consejo de la Magistratura evalúe la solicitud, si cumple con el Reglamento pronunciarse al respecto. En todo caso vamos a estar atentos si existiera alguna petición”, puntualizó Castro.
El magistrado aclaró que la realización de las auditorías jurídicas están sujetas al cumplimiento del Reglamento específico para ese trámite, norma aprobada por la Sala Plena del CM, por lo que toda acción en ese ámbito debe apegarse a esas disposiciones.
“Lo que se establece en las auditorías jurídicas es el cumplimiento o incumplimiento de la normativa que rige, en este caso un proceso penal. Consiguientemente, en su caso, la auditoría podría identificar si hubiese algunas falencias y establece algún tipo de responsabilidad administrativa o de tipo penal en su caso”, remarcó.
Entretanto, el consejero Omar Michel, en declaraciones públicas desde Sucre, señaló que esperarán un informe completo del Consejo de la Magistratura de La Paz para luego tomar una decisión respecto de las acciones a seguir.
“A partir de un informe que la representación distrital del Consejo de la Magistratura de La Paz ha elevado a la Sala Plena en Sucre se activó un control tal cual corresponde en el marco de nuestras atribuciones. En Control y Fiscalización se va a revisar todos los extremos y detalles si las decisiones son correctas, en ese marco serán los profesionales los que determinen si existieren posibles indicios de responsabilidad disciplinaria o penal”, refirió.
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Por su parte, el rector de Upea, Freddy Medrano, pidió la intervención del Ministerio de Justicia y de la Defensoría del Pueblo en la esperanza de reconducir el proceso, cuyas autoridades a cargo, judiciales y del Ministerio Público, viabilizaron un proceso abreviado en el que se sentenció a Casanova a cinco años de cárcel luego de haber admitido plena responsabilidad sobre el hecho y haber tipificado su accionar como delito de homicidio.
“La universidad declaró estado de emergencia pedimos la intervención inmediata del Ministerio de Justicia de la Defensoría del Pueblo y exigimos que el Ministerio de Gobierno cumpla con su compromiso de coadyuvar en que esto se resuelva y se haga justicia en los niveles de mando que correspondan, sancionando a los responsables” declaró.
Medrano reiteró su denuncia en sentido de que el Ministerio Público cambió la tipificación del delito de asesinato a homicidio y sobre la base de esa determinación, el subteniente Casanova se acogió a un proceso abreviado, siendo que la UPEA ni los familiares del victimado fueron notificados.
“Cómo es posible que le den cinco años de prisión a alguien que reconoce que le quito la vida a otro ser humano, la UPEA pide que la justicia haga su trabajo y que tengan empatía con la familia Quispe Vila” reclamó Medrano.
El Diario.