Persecución a líderes cruceños pone en riesgo diálogo logrado

La senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, pidió al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, no perseguir políticamente a líderes que encabezaron las protestas pacíficas para garantizar el censo. Asimismo, señaló que para construir democracia se necesita del dialágo y la tolerancia.

En conferencia de prensa, la parlamentaria representante de Cochabamba sostuvo que el inicio de una persecución política contra la dirigencia cívica cruceña pondría en peligro todos los avances logrados para la pacificación del país.

“Si empezamos a procesar y perseguir políticamente, el poco diálogo que hemos logrado alcanzar terminará cayéndose, entonces mi concejo al presidente es no perseguir. Vamos con calma, construir democracia es complejo y para ello se necesita mucho diálogo y tolerancia”, manifestó Barrientos.

Sobre los excesos cometidos por distintas personas durante los días de paro en la capital oriental, aseguró que las instancias competentes deben ser las encargadas de realizar las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar sanciones. “Sin duda, hay mucha gente que ha cometido crímenes y que debe ser juzgada”, insistió.

Por ello, Barrientos pidió no confundir delitos con las acciones asumidas por la población para expresar su posición y demandar al Gobierno que se garantice la ejecución del censo, mediante protestas pacíficas.
En este sentido, rechazó todo tipo de acción promovida desde el poder para procesar a líderes cívicos y miembros del Comité Interinstitucional cruceño, como se anunció en los últimos días por parte de autoridades y representantes del oficialismo.

Agregó que se debe definir quiénes son responsables de organizar el cerco a la ciudad de Santa Cruz, además de los responsables por organizar y trasladar grupos de choque, funcionarios públicos y directores de instituciones del Estado que generaron violencia en los días de paro indefinido. “Hay que buscar justicia pero no en una lógica de persecución política sino para establecer responsables por crímenes de Estado”, finalizó.

Al respecto, el senador Rodrigo Paz Pereira, aclaró que la población movilizada por 36 días en el departamento de Santa Cruz, buscó la verdad y no puede ser ajusticiada ni perseguida por su medida. Por ello, advirtió una nueva manipulación de la justicia para acallar las voces de los bolivianos.

“Los liderazgos y portavoces en Santa Cruz han interpretado una realidad a las demandas del cabildo cruceño y no pueden ser ajusticiados como un mero hecho de frivolidad. El cabildo generó un escenario de consensos y ahora quieren aplacar las voces de los bolivianos. Bolivia requiere de un nuevo Estado que brinde un buen servicio a la población”, manifestó Paz.

En ese sentido, afirmó que desconocer el escenario generado por los cabildos seria desconocer los motivos para la aprobación de normas impulsadas desde el Ejecutivo y el Legislativo para atender esta demanda.
“Esto no se puede judicializar y sería un gran error del Gobierno intentar llevar adelante esto como un hecho para ir por tres personajes que no son el conjunto de la movilización que fueron los cabildos de la gente en Santa Cruz, mismos que motivaron un decreto y una ley”, precisó Paz, insistiendo en que de no ser por la medida cruceña, no se hubieran debatido estas iniciativas.

Desde el Gobierno, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, sostuvo que la intención de la dirigencia cívica cruceña es eludir las responsabilidades por los excesos cometidos en los 36 días de paro indefinido en la capital cruceña, entre ellos hechos de violencia, discriminación, privación del derecho al trabajo, vulneración de Derechos Humanos, además del daño económico mayor a 1.200 millones de dólares.

“Lo más fácil es señalar persecución política cuando se quiere evitar responsabilidades, pero aquello lo tiene que definir una investigación. Las denuncias han sido presentadas y eso está en esa instancia”, manifestó Alcón.

El fin de semana, el vocero presidencial, Jorge Richter, negó que desde el Gobierno se haya iniciado una persecución política contra cívicos cruceños, pidiendo dejar en manos de la Fiscalía los procesos iniciados.

El pasado 30 de noviembre, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó que se admitieron tres querellas penales contra Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz; Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Gabriel René Moreno; y Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, por el paro de 36 días en demanda de un censo en la gestión 2023. Tras el anuncio, el ente cívico cruceño se declaró en estado de emergencia.

Fuente: El Diario.

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