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Vocal del TSE denuncia acoso laboral y persecución política

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A través de un pronunciamiento, la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rosario Baptista, denunció que es víctima de acoso laboral y persecución política y que existe una influencia “político partidaria” sobre la mayoría de sus colegas, extremo que impide el cumplimiento de una serie de responsabilidades institucionales.


En criterio de Baptista, la presión política partidaria frenó su objetivo de corregir “los defectos y falencias existentes en el sistema electoral nacional” y “lograr el esclarecimiento real y definitivo de lo sucedido en la elección de 2019”.
“Después de casi dos años y dos procesos electorales; desde mi Vocalía he intentado (…) atender de manera imparcial las denuncias que buscan justicia en el ámbito electoral tanto de pueblos indígenas, así como de las mujeres en el ejercicio de la política”, se lee en el pronunciamiento de Baptista.


Aclaró también que solicitó “de forma intransigente, información e investigación para responder a la población que expresó dudas sobre la integridad del padrón electoral”. “Éstos deberes institucionales no han sido posibles de ser cumplidos, debido a la influencia política partidaria que se ejerce sobre la mayoría de los vocales elegidos”.

PERSECUCIÓN POLÍTICA
Baptista dijo que una parte de los vocales impide el cumplimiento de las obligaciones que determinan la ley y “nuestros deberes hacia la ciudadanía, a la cual nos debemos”.


“En mi caso, el precio por pretender actuar (sobre la) base (de) la Constitución y la ley ha sido la persecución política, en lo interno, a través de procesos disciplinarios y acoso laboral, extensivo al personal de mi entorno”, se lee en otra parte del pronunciamiento.


La vocal indicó que en el ámbito externo experimenta denuncias penales y amenazas que ponen en riesgo su mandato como vocal del TSE, sus derechos civiles, su integridad y su seguridad.


En ese marco, recordó que el 19 de diciembre de 2019 fue elegida y posesionada como vocal del TSE por un período de seis años, junto a otras seis personas.


Aclaró que el cargo implica la responsabilidad de ser independiente e imparcial para cumplir con el mandato constitucional de tutela de los derechos políticos y de identidad de las personas y garantizar la institucionalidad democrática a través de elecciones auténticas libres e iguales transparentes e informadas en los términos determinados por la Constitución y conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las leyes electorales.


En ese escenario, la vocal exhortó al pueblo a entender y asimilar que el “único medio posible para proteger y garantizar nuestra democracia es involucrarse en el rediseño del sistema electoral en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, con nuevas normas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos políticos”, dice parte del documento.


Asimismo, dijo que es necesaria una “distribución de escaños que garantice la representación proporcional para la población; con tecnología que impida toda posibilidad de manipulación; con un padrón electoral transparente y abierto siempre al escrutinio ciudadano; con una cartografía electoral basada en criterios técnicos y no en intereses políticos; con garantías al sufragio de acuerdo al mandato constitucional; con el cumplimiento de la paridad y la alternancia para las mujeres, con respeto y libertad de decisión; sin instrumentalización e invisibilización de los pueblos indígenas”.
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DATOS
En enero del presente año, Baptista fue procesada y suspendida del cargo de manera temporal por la presunta comisión de faltas graves y muy graves. Este hecho fue consecuencia de una carta que envió al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la que pidió una auditoría integral de las elecciones del 18 de octubre de 2020.
En marzo pasado, Baptista sufrió otra suspensión en el ejercicio de su cargo después que el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Ramiro Venegas, la denunció por la supuesta comisión de una falta muy grave, cometida, aparentemente, por demorar en responder a una petición de informe.


En octubre pasado, Baptista interpuso una acción de amparo constitucional contra los vocales del TSE que la suspendieron sin goce de haberes por 22 días. Este hecho, en su criterio, vulneró su derecho al debido proceso en sus dimensiones adjetiva y sustantiva.

El Diario

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