Opositores cuestionan la falta de transparencia de Mesa por los gastos reservados
Los legisladores de la opositora Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría y Rafael Quispe, cuestionaron el lunes, por separado, la falta de transparencia del candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, quien dijo que era «legítimo» usar gastos reservados y admitió que ordenó quemar las pruebas en su administración.
«Cuando sepamos si con esos recursos se financiaban actividades privadas no es legítimo, y mucho menos ético de alguien que se jata de ser un hombre transparente habrá que ver, no nos hemos querido meter en eso porque es una investigación abierta», dijo Santamaría a los periodistas.
El domingo en el programa «La comunidad decide» de RTP, Mesa, exvicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, indicó que era «legítimo» usar gastos reservados y aseguró que la quema de esos documentos «tiene que ver con una práctica que se hace en Bolivia y en todas las partes del mundo donde hay gastos reservados por la naturaleza de estos, que es su destrucción».
Santamaría afirmó que lo que es ilegal e ilegítimo es que si Mesa saneó «sus problemas económicos con la plata de los bolivianos y los gastos reservados eso es complicado porque lo mal habido se debe devolver».
Por su parte, Quispe lamentó que Mesa se escude en una supuesta «guerra sucia» para no responder ese y varios otros temas, además exhortó a que sea un candidato transparente.
«Cuando habla de transparencia (Mesa), todo tiene que ser transparente, no puedes mediante un decreto supremo todos los gastos reservados (quemarlos) para ocultar la verdad, yo creo que hace mal, él tiene que ser un candidato pleno, moral, éticamente y no deberían de quemar para saber a quienes se le dio la plata», respaldó.
Varias investigaciones destaparon el presunto pago de 1,2 millones de dólares con parte de ese fondo al actual candidato presidencial del CC para sellar una alianza política con Sánchez de Lozada en las elecciones de 2002.
También hay denuncias de que Mesa recibía unos 100.000 dólares mensuales de los gastos reservados, mientras el pueblo de Bolivia registraba elevados índices de pobreza y corrupción.
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