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Cecilia Chacón exige explicaciones al Ejecutivo municipal sobre irregularidades de la empresa Tersa

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La concejal de la agrupación ciudadana Soberana y Libertad (Sol.bo), Cecilia Chacón, exigió el miércoles al Ejecutivo municipal explicaciones sobre las irregularidades en las que incurrió la empresa Tersa, encargada del relleno sanitario de Alpacoma, después del «desborde de líquidos lixiviados, que pone en riesgo la salud de la población.

«Aquí existe una respuesta ambigua de parte del Ejecutivo municipal, lo que, si podemos observar claramente que hay una serie de infracciones, de faltas que han culminado en poner en grave riesgo la situación de la salud pública, de ocasionar daños ambientales probablemente irreparables por parte de la mala administración de esta empresa», dijo a los periodistas.

El pasado 29 de julio, un nuevo deslizamiento en el relleno sanitario de Alpacoma ocasionó el derrame de al menos 2.000 metros cúbicos de lixiviados, un segundo incidente en este año luego del mega deslizamiento de enero pasado.

Chacón explicó que entre las observaciones que evidenciaron, tras lo sucedido en el «desborde» de lixiviados hace dos semanas en Alpacoma, es que esas piscinas fueron habilitadas en otros terrenos contiguos a ese botadero, que no son de propiedad municipal, sino que habrían sido adquiridos por la empresa Tersa.

Precisó que el informe del director del Sistema de Regulación Municipal (Siremu), Rubén Ledezma, no ofrece una respuesta clara en relación a la situación jurídica de las autorizaciones para el uso del relleno sanitario ni sobre el impacto ambiental, entre otros aspectos.

«En el tema del relleno de Alpacoma no podemos continuar posponiendo y ampliando plazos sin dar una solución, este es un tema que nos preocupa porque la próxima gestión no podría hacerse cargo de este tema», argumentó.

Por otra parte, dijo que, en la sesión del viernes, de acuerdo al informe del director de Asuntos Jurídicos, Fernando Velásquez y de Mariana Daza, secretaria de Medio Ambiente de la Alcaldía de La Paz, se evaluará si se tomaron las previsiones correspondientes después de lo sucedido con ese «desborde» y si se hizo la fiscalización oportuna a la empresa Tersa.

«Se debe informar cuál es la razón por la que las sanciones administrativas previstas en el contrato con esa empresa privada establecen multas hasta 60.000 bolivianos, que parecen desproporcionales con un derrame de lixiviados de 2 millones de litros, cuál es el impacto de esto», reflexionó.

xzs/rsl ABI

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