- El candidato aymara asegura que su exclusión responde a intereses políticos y anuncia cabildo para el lunes
Felipe Quispe Laura, candidato a la vicepresidencia por la alianza Fuerza del Pueblo, calificó este sábado su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como un «manoseo político», argumentando que su exclusión se debe a su representación de los aymaras y de la Ciudad de El Alto.
«Yo no soy funcionario público ni tengo procesos pendientes. Si los hubiera, debería existir una sentencia ejecutoriada. Esto es claramente una maniobra política porque les asusta que represente a El Alto y al pueblo aymara», declaró Quispe en conferencia de prensa.
El candidato confirmó que este lunes se realizará un cabildo organizado por la Federación de Gremiales Sector Norte, con la expectativa de reunir a organizaciones sociales de 20 provincias del país. «Es la primera vez que El Alto tiene un candidato propio, y no permitiremos que nos silencien», enfatizó.
Quispe aseguró que su alianza ya presentó los documentos legales para revertir la decisión del TSE, subrayando que el objetivo de la medida es «amedrentar a los bolivianos». Además, descartó divisiones internas al destacar el respaldo público de su compañero de fórmula, Jhonny Fernández, quien ratificó su candidatura el miércoles pasado.
Contexto legal y próximos pasos
Según la Ley 026 del Régimen Electoral, los candidatos inhabilitados no pueden continuar en la carrera electoral, pero pueden ser reemplazados por otros postulantes que cumplan los requisitos. El calendario electoral establece un plazo hasta el 3 de julio para impugnaciones y ajustes en las candidaturas.
Desde Vision360, analistas políticos señalan que el caso de Quispe refleja tensiones en el escenario electoral, marcado por disputas étnicas y regionales. Mientras tanto, la alianza Fuerza del Pueblo se prepara para movilizar apoyo social en defensa de su candidato, en un contexto donde la polarización parece intensificarse.
El lunes, el cabildo en El Alto podría convertirse en un termómetro político para medir el respaldo popular frente a la decisión del TSE, en medio de acusaciones de persecución y temores de desestabilización.