750 estudios sobre el impacto real de los transgénicos se ocultaron en Brasil, asegura un experto

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“Los transgénicos no son seguros, algunos países como Brasil, para autorizar los eventos transgénicos no tuvieron en cuenta y negaron la existencia de 750 estudios científicos que explicitaban y evidenciaban el daño y los riesgos para la salud humana y de los territorios que tenían la liberación de los transgénicos que después se autorizaron”, explica Verzeñassi, médico especialista en medicina integral.

El debate para el uso de cinco semillas transgénicas en Bolivia persiste y expertos apuntan a rechazar esta intención por haberse comprobado que no garantizan la seguridad alimentaria, y que generan daños en la salud y al medio ambiente. Damián Verzeñassi médico de Argentina detalló que en Brasil, por ejemplo, se ocultaron 750 estudios científicos que detallaban el riesgo de estos productos genéticamente modificados para luego autorizarlos.

“Los transgénicos no son seguros y lo que no se nos ha dicho es que algunos países como Brasil, para autorizar los eventos transgénicos no tuvieron en cuenta y negaron la existencia de 750 estudios científicos que explicitaban y evidenciaban el daño, y los riesgos para la salud humana y de los territorios que tenían la liberación de los transgénicos, que después se autorizaron”, explicó Verzeñassi,  médico especialista en medicina integral, quien dirige el Instituto de Salud Socioambiental Facultad de Ciencias Médicas de la UNRosario.

Tres expertos de Ecuador, Argentina y Bolivia, participantes en el Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural, se reunieron de forma virtual en el conversatorio “Impacto del modelo de producción con uso de transgénicos”, encaminado por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), en el marco del cuestionado Decreto Supremo 4232 que autoriza la evaluación del uso de semillas transgénicas para cultivos en Bolivia.

Desde el gobierno se tomó la decisión de impulsar este uso con el argumento de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria a través de semillas genéticamente modificadas de caña, algodón, soya, maíz, trigo y soya.

El apuro para la evaluación y aprobación de este uso también llegó desde el sector agroempresarial que asegura que el país debe encaminarlo, dada la coyuntura que se avecina tras el impacto de la pandemia de coronavirus (Covid-19).

“Se ha comprobado científicamente, y no lo quieren decir, que estos productos transgénicos en la comida afectan a la función hepática y renal, alteran en el peso, en los triglicéridos y el sodio, y generan cambios en el metabolismo, entre otros”, agregó el experto.

Manifiestó además que la mayoría de los estudios que se han publicado y que aprueban su uso han sido elaborados “justamente por esas empresas que quieren su autorización”.

Si bien Bolivia desde el 2005 produce legalmente soya transgénica (RR) y es parte de los cinco países exportadores del Cono Sur, junto con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, el debate se concentra hoy porque un solo decreto aprueba acelerar la evaluación del uso de cinco semillas, sin mayor debate y consulta, en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, en la cual la atención de la población se concentra en prevenir el contagio.

Para Elizabeth Bravo, docente y experta en medio ambiente de Ecuador, el uso de estos productos transgénicos no favorece a la población y mucho menos para garantizar la seguridad alimentaria, como muchos poderes políticos de la región aseguran. “Los principales beneficiarios de este modelo son la producción avícola y porcícola, la industria alimenticia de empresas que transforman estos productos con grandes cadenas y los agrocombustibles”.

Pero. pese a esto, el análisis para este uso ya se encamina y se socializa con diferentes sectores desde el gobierno boliviano y con el apoyo de la agroindustria concentrada en el oriente del país.

El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, aseguró que el modelo del uso de transgénicos es “pobre para generar valor agregado” que hace posible la captura y control de recursos de dominio colectivo, en forma de privatización de recursos naturales.

Por ejemplo “la soya boliviana no es competitiva con la soya brasileña o argentina. No se puede vender a China porque dijeron que es la más contaminada del Cono Sur y se vende a Perú y Colombia. Es un sector que está en problemas y presiona para externalizar los costos que existen desde el punto de vista económico”, afirmó Colque.

//CSC/ANF