Periodistas denunciarán “ley mordaza” a instancias internacionales y políticos ven que se busca coartar a la prensa
La condena al proyecto de ley N° 305 considerado una “ley mordaza” se intensifica a nivel nacional entre políticos, cívicos y el gremio periodístico, desde este último sector se pide denunciar la norma a instancias internacionales. Políticos consideran que con la norma se busca coartar y callar a la prensa.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales de periodistas del país se declararon en estado de emergencia al considerar que la ley 305 es otro intento de imponer una “ley mordaza”, por lo que se advierte la denuncia a nivel internacional.
“Anunciamos que activaremos todas las instancias internacionales para denunciar la intención del gobierno de coartar la libertad de expresión y la libertad de prensa, vulnerando los estándares que constituyen obligaciones ineludibles de los Estados y reclamar que se demanda al Estado boliviano garantías para el ejercicio de la libertad de prensa que constituye la manifestación primaria de la libertad de expresión”, se lee en un pronunciamiento.
Desde la Federación Sindical de Trabajadores de la prensa de Potosí también se exigió el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo entre otras instancias.
“Instamos a la Defensoría del Pueblo, derechos humanos, y organizaciones internacionales proteger acuerdos internacionales sobre el Derecho a la Libertad de Expresión y de Información”, señala el documento.
Asimismo, en Oruro se advirtió también con movilizaciones y otro tipo de medidas.
“La preocupación no es solo local sino es una preocupación de toda la prensa, de los colegas de comunicación tanto radio, tv y prensa escrita a nivel nacional, porque se hable de este proyecto de ley que podría entrar en vigencia en cualquier momento si llega a ser aprobado. Estamos en contra, estamos rechazando esto y nos vamos a movilizar, vamos a emitir un pronunciamiento y no descartamos cualquier otro tipo de medida”, expresó el presidente Asociación de Periodistas Independientes de Oruro, Marco Aguilar.
Por su parte, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, cuestionó la norma y sostuvo que la redacción de la misma es ambigua.
“Esta iniciativa del gobierno busca implementar delitos penales a efectos de hostigar, controlar y perseguir con objeto de eliminar a la oposición civil que tenemos en el país, utilizando discriminación y odio con redacciones confusas y ambiguas para dejar abiertas las interpretaciones absurdas. Cualquier ciudadano que emita criterio de acuerdo a la libre expresión, puede ser fácilmente juzgado por odio o discriminación”, manifestó.
Desde el punto de vista del presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, el proyecto de ley 305 busca tapar la crisis económica “callando” a la prensa.
“Este paquete de leyes que hace dos años luchamos para que no se aprueben, ahora vuelven a la palestra, pues vemos desesperación en la gente del MAS que busca tapar la crisis económica, callando a la prensa y a los que se opongan al Gobierno”, declaró.
A los pronunciamientos se suma el exdelegado de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, quien remarcó que el proyecto de ley 305 es un “serio atentado a la libertad de expresión”.
“Este proyecto de Ley N° 305 contiene un serio atentado a la libertad de expresión, y es contrario no solamente a la Constitución Política del Estado, sino totalmente ajeno a las Recomendaciones que emitió a Bolivia el propio Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas con relación al cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”, escribió en sus redes sociales.
En criterio de Cox, el Gobierno pretende desconocer el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y coartar el trabajo de investigación de los periodistas ejerciendo un control sobre los medios de comunicación y los periodistas, utilizando cualquier argumento para sancionar su trabajo.
Anteriormente también se pronunció el líder opositor Carlos Mesa advirtiendo un intento de “criminalizar y acallar a la prensa a través de una ley mordaza”. Por su parte la senadora de Creemos, Centa Rek, denunció que el mencionado artículo 281 Septies, del proyecto de ley N° 305, elimina la vigencia de la Ley de Imprenta.
Fuente: Pagina siete