Decisión del TCP, un precedente “nefasto” para inversión privada
Expertos temen que la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respecto a la expulsión de una concesión minera en Potosí bajo los principios de la justicia comunitaria cree un mal precedente e inseguridad jurídica.
La Sala Cuarta Especializada del TCP, mediante la declaración constitucional plurinacional del 29 de agosto de 2018, estableció “aplicable” la decisión comunal de “expulsión sin lugar a compensación alguna” del operador de la mina, conforme a los principios, valores, normas y procedimientos propios de la comunidad Jatun Ayllu Santa Isabel.
Según el abogado especializado en temas mineros Jaime Sanabria esta decisión deja un precedente nefasto para el desarrollo de la inversión privada en el país, porque genera jurisprudencia para que otras comunidades busquen presionar o expulsar a empresarios asentados en sus tierras.
“Lo que va a generar esto es un problema grave y probablemente en el futuro genere enfrentamientos con las cooperativas mineras y también los hoteleros, agroindustriales y cualquier actividad que se asiente en las comunidades y que no podrán acudir a la justicia ordinaria para defender sus derechos”, explicó.
Por otra parte, indicó Sanabria, la decisión del TCP está generando desconfianza en los inversores, quienes no van a querer arriesgar su dinero en proyectos que podrían ser confiscados en el futuro y sin ningún derecho a reclamo.
“La aceptación por parte del TCP de que se aplique la justicia originaria campesina es un peligro, porque genera un precedente de que las comunidades pueden juzgar bajo su jurisdicción a inversionistas externos y eso va a hacer que las inversiones sean menores, ¿quién va a invertir en esas condiciones, sometidos al arbitrio de las autoridades comunitarias?”, agregó.
El diputado opositor (UD) Gonzalo Barrientos opinó que el mayor riesgo de la decisión del TCP es que algunas comunidades que tengan conflictos de intereses con empresarios asentados en sus territorios busquen jurisprudencia y se cometan excesos, generando mayor inseguridad a las inversiones.
Lo que podría suceder es que algunas comunidades que tienen algún conflicto con emprendimientos en sus territorios van a buscar jurisprudencia y eso va a afectar y generar inseguridad jurídica”.
Por su parte, el diputado oficialista David Ramos indicó que está fuera de la competencia de la justicia indígena originaria anteponerse en aspectos que tiene que ver con los ámbitos penales o civiles.
“Desde ese punto de vista, una reversión y expulsión realizada mediante la justicia comunitaria no estaría dentro del ordenamiento jurídico del Estado, sin embargo, es necesario revisar los antecedentes de la decisión”, agregó.
Justicia comunitaria
Vulneraciones El abogado Jaime Sanabria explicó que la declaración del TCP tiene carácter de sentencia, pero vulnera una prohibición establecida en Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional, puesto que el expulsado tiene más de 85 años.
Norma La ley establece que “las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina NO sancionarán con la pérdida de tierras o la expulsión a las y los adultos mayores, por causa de incumplimiento de deberes comunales, cargos, aportes y trabajos comunales”.
Precedente Sanabria advirtió que este precedente vulnera el ámbito de vigencia de la jurisdicción ordinaria y somete la actividad minera al ámbito de la llamada jurisdicción indígena originaria campesina.
Pagina Siete.