Fiscalía afirma que exmagistrados del TCP deben ser juzgados en instancias penales por sentencia 084

42

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, afirmó el viernes que los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, que emitieron la sentencia que avaló la reelección del expresidente Evo Morales, deben ser juzgados en instancias penales y no corresponde que se sometan a una proceso de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), como solicitaron dos de los acusados.

«La Unidad de Análisis de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca después de hacer un test de admisibilidad ha considerado prudente y oportuno admitir en su momento la denuncia contra exmagistrados del TCP, realizando una interpretación de la Ley Nº 44 (de Juzgamiento para altos mandatarios) y a partir de esta interpretación razonable y lógica, cómo podríamos remitir esta denuncia a la ALP», dijo a la ABI.

Advirtió que en caso de pasar el proceso a la ALP, como solicitaron los exmagistrados del TCP, Neldy Andrade y Ruddy Flores, se contrapondría «al principio de celeridad y objetividad»

Explicó que la Ley 044, de juzgamiento de altas autoridades, ha sido modificada, y su naturaleza es seguir un proceso disciplinario y no penal, para autoridades en ejercicio, cuya finalidad es destituirles o ratificarles en sus cargos, sin embargo, la Fiscalía concluyó que como los magistrados ya no están en ejercicio de sus funciones, corresponde que sean juzgado en la vía penal.

«La voluntad del legislador (al crear la Ley Nº 044) ha sido que a las autoridades que estén en ejercicio de sus funciones, cuando cometan actos contrarios a las normas, se les siga un proceso disciplinario, no penal, con el fin de que se los suspenda de sus funciones o se los absuelva», precisó la autoridad.

Explicó que el principio de celeridad y la filosofía de la Constitución Política del Estado, manda a romper las ritualidades para buscar la celeridad que dé un acceso efectivo a la justicia.

Los exmagistrados Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Ruddy Flores y Neldy Andrade presentaron su declaración ante la Fiscalía, pero Macario Lahor Cortez, exmagistrado relator de la Sentencia Constitucional 084/2017 no se presentó ante esa instancia.

Dos de los imputados, Ruddy Flores y Neldy Andrade solicitaron ser juzgados en la ALP, instancia que consideran competente, además de ampararse en la Sentencia Constitucional 2489/2012, que establece «juicio de responsabilidades a magistrados aún cuando hubieran cesado en el ejercicio de sus cargos».

Por su parte, el abogado Luis Ayllón, considera que la Sentencia Constitucional 2489/2012, fue malinterpretada por los exmagistrados al esperar un juicio de privilegio.

«Creo que esa Sentencia está siendo mal interpretada por parte de los exmagistrados y tiene que prevalecer como norma suprema la Constitución Política del Estado. No creo que sea vinculante, porque puede ser un criterio parcializado en su favor», concluyó.

mcs/kpb/ ABI