Procurador afirma que cuatro arbitrajes ponen en riesgo $us 1.000 millones

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El procurador general del Estado, José María Cabrera, reveló que al menos cuatro procesos internacionales que afronta el país ponen en riesgo 1.000 millones de dólares por una posible compensación en caso de fallos adversos.

“La gran mayoría de los juicios por decisiones del Gobierno anterior ya han concluido, tienen acuerdos homologados por laudos internacionales; solamente se tiene cuatro arbitrajes internacionales en curso, los cuales totalizan casi 1.000 millones de dólares”, dijo en entrevista con la red ATB.

La autoridad, quien no brindó mayores detalles, señaló que esa cifra es una “carga tremenda y una amenaza” para los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) y consideró que una solución alternativa para evitar afectaciones económicas mayores sería entablar acuerdos con las partes, según señala ABI.

Cabrera, quien asumió el martes la titularidad de esa institución, anunció que en su gestión implementará medidas para reencauzar la misión de la Procuraduría General del Estado y transparentar la contratación de “bufetes” extranjeros para los juicios que afronta el país.

“La Procuraduría tiene que dar la máxima prioridad a todos los casos, los abogados particulares y del Estado saben que no hay caso chico ni fácil, entonces la concentración y la responsabilidad es de este procurador general”, indicó.

Asimismo, informó que la Procuraduría trabajará en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y reforzará las unidades jurídicas.

“La Procuraduría apunta, sobre todo, a la recuperación de daños patrimoniales al Estado”, añadió.

PAGOS

Hace un año, una nota de El Deber indicaba que Bolivia aún encara cinco arbitrajes con firmas extranjeras por procesos de nacionalización y reversión a favor del Estado. “Hasta la fecha fueron pagados 828,3 millones de dólares a 12 trasnacionales que acudieron a tribunales internacionales por considerar afectados sus intereses”, señala el artículo.

Datos difundidos por la Procuraduría General del Estado en enero de 2017 indicaban que se lograron acuerdos para pagar un 76% menos de lo demandado, en negociaciones calificadas como “exitosas y amigables”. Dichas empresas demandaban unos 3.404 millones de dólares.

Informaba el medio de prensa que eran cinco procesos de arbitraje pendientes, cuatro activos y uno en suspenso: Glencore, por la expropiación del Complejo Metalúrgico Vinto, la Planta de Antimonio Vinto y el centro minero de estaño de Colquiri; South American Silver, por la reversión de 10 concesiones mineras a Mallku Khota; caso Abertis Infraestructura S.A.; Air BP, por la nacionalización de 12 estaciones de servicio de venta de jet fuel en aeropuertos; y Jindal Steel, aunque en ese caso ya existió una decisión, del 6 de agosto de 2014, que dispuso el pago de 22,5 millones de dólares: 18 millones de dólares por la ejecución de las garantías y 4,5 millones de dólares de intereses, pero luego se inició otra demanda.

El Diario.