Piden que la Magistratura postergue la convocatoria contra jueces transitorios
A raíz de la polémica por el audio del ahora expresidente del Consejo de la Magistratura Marvin Molina sobre la “repartija de cargos” en el Órgano Judicial, la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), legisladores y activistas de Derechos Humanos piden la anulación de la “convocatoria interna nacional Nº 29/2022”, para eliminar a los “mal llamados jueces transitorios”, por una falta de consenso y transparencia en el proceso de evaluación.
“La Amabol, así como la sociedad boliviana en su conjunto, tomaron conocimiento de audios en relación a hechos de corrupción entre el presidente de la Magistratura y asambleístas nacionales, como lo ha confirmado el propio presidente de esta instancia, Marvin Molina, lo cual no deja duda sobre lo que ya antes ha denunciado la Amabol a cerca de la falta de transparencia para la convocatoria 29/2022 para 489 jueces mal llamados transitorios”, señaló en una parte de su pronunciamiento la presidenta de Amabol, Grenny Bolling.
La cuestionada convocatoria está dirigida solo a jueces que cumplen funciones en la actualidad. La misma fue anunciada en conferencia de prensa hecha en el Ministerio de Justicia el 26 de agosto, en La Paz, en coordinación entre el ministro Iván Lima, Molina y los consejeros Mirtha Meneces y Omar Michel.
“Estamos dejando la transitoriedad en Bolivia y pasando a la institucionalidad plena del Órgano Judicial (…). La transitoriedad termina en Bolivia este año, con una regla de transparencia absoluta y con el concurso del pueblo boliviano”, anunció Lima. La convocatoria se publicó el 6 de septiembre.
Estado de emergencia
Los magistrados de Santa Cruz emitieron ayer una postura similar a la de Amabol. Los voceros, Shirley Becerra y René Roca, explicaron que entre las observaciones que tienen contra la convocatoria 29/2022 está la falta de un consenso para el proceso de evaluación y un “cambio de reglas” que solo se aplicará a los 489 jueces que tienen el denominativo de “transitorios”.
Entre los puntos está que a diferencia de la calificación mínima que se tiene para postulantes externos, que es de 56 puntos, los actuales jueces deberían lograr un puntaje mínimo de 70. Asimismo, señalan que la “etapa de entrevistas” da lugar a la manipulación de notas, por contar con criterios subjetivos de evaluación y sin la participación de especialistas o fiscalizadores del sistema universitario.
“La convocatoria de la Magistratura vulnera todo criterio ético, académico, técnico y jurídico. (…) Los jueces del distrito uno de Santa Cruz nos declaramos en estado de emergencia y vigilia permanente ante los resultados de esta convocatoria, solicitamos que la misma quede sin efecto hasta que se realice una evaluación o proceso de institucionalización consensuado con nuestra asociación. Para este fin anunciamos que se tomarán las medidas de hecho y derecho que correspondan para el respeto de la dignidad de los jueces afectados”, manifestó Becerra.
Amabol anunció que las copias de estos reclamos se enviarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de que el Estado sea llamado a respetar los derechos de los miembros del Órgano Judicial. Otros dos puntos cuestionados por los magistrados es el hecho de que no se tome en cuenta la inamovilidad laboral que cuentan algunos jueces, además de que algunos están a dos o tres años de su jubilación, luego de más de dos décadas de ejercicio profesional en esos cargos.
Activistas y legisladores
De la misma forma, la Asociación Departamental de Derechos Humanos de Santa Cruz, presidida por Víctor Hugo Velasco Iporre, manifestó su rechazo al presunto cuoteo de cargos al interior de la Magistratura en complicidad de asambleístas del MAS, revelado por el audio publicado por Página Siete el domingo.
Velasco subrayó que se busca “institucionalizar a jueces en la carrera judicial sin transparencia e idoneidad, sino con un lineamiento político, privando de esta manera a la sociedad de jueces idóneos, imparciales”.
El diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Juan José Tórrez también solicitó la anulación de la convocatoria 29/2022 debido a la falta de transparencia y que, en su criterio, la Magistratura busca reemplazar a los actuales jueces por magistrados alineados al Gobierno de turno y la línea ideológica del MAS.
Por su parte, el diputado del MAS Anyelo Céspedes pidió ayer al presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, aprobar un juicio de responsabilidades en contra del hasta ayer presidente de la Magistratura, por el delito de uso indebido de influencias.
Arguyó que Molina es una autoridad electa, “no se puede permitir cuoteo de cargos judiciales”, señaló en referencia al audio en el que Molina habla del tema con el diputado oficialista Antonio Colque.
Gobierno fiscalizará los reclamos de los jueces postulantes
El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, señaló que los pedidos de suspensión se la convocatoria interna 29/2022 deben ser atendidos por el Consejo de la Magistratura y que el Ministerio Justicia sólo ingresará a fiscalizar estos reclamos, una vez que los postulantes presenten denuncias u observaciones formales.
Siles afirmó que según los datos que tiene, al menos 400 jueces ya se postularon. Recalcó que la presentación de la convocatoria que hizo esa cartera de Estado se dio con base en la Ley Nº 898, por medio de la cual se creó la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia -que preside el ministro de Justicia, Iván Lima- que le da la potestad de fiscalizar y “exhortar la designación de los profesionales mejor calificados” al cargo de jueces.
Por otro lado, pidió que los postulantes, jueces y abogados independientes que cuestionan y piden la suspensión de la convocatoria 29/2022, revisen la sentencia constitucional 0704/2020 S1 de 9 de noviembre de 2020, que dio un plazo para el cumplimiento de esta convocatoria, por demanda de los propios magistrados.
Fuente: Pagina Siete.