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CC denuncia a jefa de la UIF por violar secreto bancario

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El asesor jurídico y candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, presentó una denuncia penal en contra del escritor Emilio Martínez y la directora ejecutiva de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Teresa Morales, por violar el secreto bancario.

Por medio de un comunicado, CC sostuvo que tanto Morales como Martínez utilizaron documentos privados de los movimientos bancarios del Canal PAT y “violaron normas nacionales e internacionales”.

La denuncia que presentó ante la Fiscalía fue suscrita por Ximena Valdivia, exgerente general de PAT. La misma señala que tanto Martínez como Morales “cometieron delitos por usar documentos privados obtenidos ilegalmente, violando la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución Política del Estado, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y la Ley 393 de Servicios Financieros”.

Martínez es autor del libro de ensayo El caudillo ilustrado, en el que señala -a base de una fuente reservada y una entrevista al exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar- que Mesa pidió 1,2 millones de dólares para ser acompañante de fórmula de Goni.

Mientras que Morales, en su condición de directora ejecutiva de la UIF, la pasada semana anunció la investigación a siete exfuncionarios de la red televisiva PAT que depositaron a cuentas del canal la suma de 831 mil dólares y a quienes recibieron ese dinero durante el periodo 2002-2003, cuando este medio de comunicación era de propiedad del ahora candidato presidencial por CC, Carlos Mesa.

En la querella se afirma que Morales y Martínez usaron “de manera ilícita y con fines estrictamente político-electorales, documentos que corresponden a movimientos bancarios del Canal PAT, sin ninguna autorización expresa, violando el principio del secreto bancario que está protegido por la ley”.

Además de la gravedad del delito, “este accionar de ambas personas devela una guerra sucia contra el candidato Carlos Mesa y que no les importó cometer delitos y violar la ley para tratar de dañar la imagen y prestigio de personas particulares, para lograr sus vergonzosos objetivos”, sostuvo Alarcón.

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