Jueces temen que la nueva ley elimine la presunción de inocencia y ejerza presión

La Asociación de Magistrados de Bolivia se declaró en estado de emergencia por la reciente promulgación de la Ley de Protección de Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación. Los representantes de esta entidad indicaron que temen que la nueva norma ejerza presión sobre los jueces y elimine la presunción de inocencia de los acusados. Advierten que presentarán un recurso de inconstitucionalidad cuando se presente el primer caso contra un administrador de justicia.

“El incremento de la sanción por el delito de prevaricato (que subió de ocho a 20 años) en casos de violación y feminicidio nos preocupa. Prácticamente puede ser utilizado como un medio de presión para el juez. Ahora, por presión social, se hacen muchas cosas y una de ellas -que salió por presión social y decisión política- es precisamente esta ley”, dijo ayer la presidenta de la Asociación, Grenny Bolling.

La nueva ley fue promulgada el lunes por el presidente Luis Arce. El ministro de Justicia, Iván Lima, declaró que a partir de esta norma, “el juez que decida ir en contra de la ley o la Constitución merecerá una pena de hasta 20 años de cárcel”.

Lima hizo esta declaración en referencia a los operadores de justicia que permitan la salida de la cárcel a feminicidas, infanticidas y violadores. Tal es el caso de Richard Choque, quien fue condenado por asesinar a una mujer, pero consiguió su detención domiciliaria y libertad sin cumplir su pena de 30 años. En las calles mató a otras dos jóvenes.

Según Bolling, ven el incremento de la pena desde otro tipo de óptica. “No precisamente porque queramos protegernos de resoluciones que dictamos mal y que nadie nos toque. No es eso, nosotros vemos que el juez, al momento de emitir una resolución, tenga la independencia necesaria para actuar conforme lo establece la Constitución, las normas en vigencia y nuestra conciencia”, afirmó.

La ley determina -además- que no habrá detención domiciliaria en casos de feminicidio, infanticidio y violación de niños. Según Lima, “no tendrán la posibilidad de salir de la cárcel los que tengan detención preventiva (por estos delitos)”. La autoridad de Gobierno añadió que la cesación de medidas cautelares no será revisada. “Se vio que la chicana y la demora innecesaria de los procesos hace que las personas terminen de dejar los centros de privación de libertad”, dijo e indicó que no se decidirá ninguna liberación mientras el proceso se revise en Sucre.

Bolling observó las limitaciones que el juez tendrá al otorgar una detención preventiva. “Ahora, la detención preventiva es una regla y no una excepción como antes. Normas internacionales establecen que la detención preventiva no debe ser una constante. Estamos vulnerando derechos constitucionales. Antes se presumía la inocencia, ahora se presume la culpabilidad”, explicó.

La representante de los magistrados explicó que están adscritos a diferentes convenios internacionales sobre derechos humanos. “La ley puede ser objeto de una acción constitucional y tendrá que analizarse. Es posible que se declare la inconstitucionalidad de esos artículos”, aseguró. “La intención es buena (…) desde el punto de vista que lo vea y sin analizar la normativa, pero creo que tiene un punto que es frágil como la interpretación de la constitucionalidad”, precisó la abogada.

Los jueces tendrán una asamblea a nivel nacional para determinar qué acciones tomarán contra estos dos puntos. “En ningún momento rechazamos la necesidad de la modificación de la ley, pero ésta debe ser completa y con la participación de todos los entes sociales. No socializaron este proyecto de ley; cuando lo conocimos solicitamos una reunión con el ministro, pero no se dio. Se reunieron con algunos diputados, pero no se nos escuchó”, explicó la representante.

Si por esa ley se presenta un caso contra algún juez, recurrirán al Tribunal Constitucional. “En caso de que algunos de los jueces sean objeto de algún delito, ahí recién podremos reaccionar. Planteamos un recurso de inconstitucionalidad dependiendo del caso. Lo haremos cuando la persona que sea objeto de un proceso de esta naturaleza, lo acepte. Tiene que tener la anuencia de quien hubiese denunciado en un proceso de prevaricato”, dijo.

Los procesos

Detalle El Ministerio de Justicia, además, identificó un problema estructural en los tribunales departamentales de justicia: demoran años en resolver casos de violación o feminicidio. Por eso, se estableció un procedimiento para que las partes pidan al despacho del proceso en un plazo de 10 días. Si existe un incumplimiento injustificado, se considerará una falta grave, una responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente.

Juicios Lima dijo que desde su despacho iniciarán procesos penales por retardación de justicia contra estas autoridades judiciales. “No se puede tolerar que el feminicidio, el infanticidio y la violación sigan durmiendo en tribunales”.

Fuente: Pagina Siete