- Periodo de impugnaciones y sustituciones se inicia tras revelarse que más del 60% de las postulaciones fueron inhabilitadas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hará pública este viernes la lista definitiva de candidatas y candidatos habilitados para las elecciones generales, marcando el inicio del proceso de impugnaciones y sustituciones. Según datos oficiales, cerca del 63% de las 3.290 postulaciones fueron rechazadas, lo que afecta a todas las organizaciones políticas en competencia.
El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, detalló que «más de 2.000 postulantes quedaron fuera de la carrera electoral», aunque las 10 organizaciones políticas registradas –cinco partidos y cinco alianzas– lograron inscribir sus binomios presidenciales. Francisco Vargas, otro miembro del tribunal, confirmó que el proceso avanza pese a los conflictos legales que retrasaron la habilitación de la Alianza Popular, cuyo respaldo principal, el Movimiento Tercer Sistema (MTS), enfrentaba recursos judiciales pendientes.
Impugnaciones y sustituciones: un proceso bajo la lupa
Una vez publicada la lista, se abrirá un plazo para presentar impugnaciones contra las candidaturas aprobadas, así como recursos para revisar las inhabilitaciones. «Las organizaciones políticas podrán reemplazar a sus candidatos inhabilitados, incluso días antes de los comicios», explicó Vargas, aunque aclaró que cada caso será evaluado individualmente.
Tahuichi Quispe enfatizó que «ninguna candidata mujer puede ser obligada a renunciar», en línea con la ley contra la violencia y el acoso político. «Toda renuncia debe ser voluntaria y ajustarse a un protocolo establecido», recalcó.
TREP se mantiene pese a falta de promulgación de ley
El TSE también confirmó que seguirá implementando el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), a pesar de que la normativa que lo regula aún no ha sido promulgada. Esta herramienta, clave para la transparencia del proceso, seguirá en uso mientras se resuelve su marco legal.
Con este anuncio, el país entra en una fase crítica del calendario electoral, donde las decisiones judiciales y administrativas podrían redefinir el panorama político en las próximas semanas.