Protestas en Bolivia en contra de la Gestora Pública y la Ley 065 de pensiones mientras la entidad estatal anuncia hitos para su arranque
Jubilados, trabajadores de la salud, militares en servicio pasivo, policías, trabajadores universitarios y otros sectores iniciaron protestas en varias ciudades del país en contra de la Gestora Pública y exigieron su paralización y la abrogación de la Ley 065 de pensiones.
La entidad estatal ratificó su arranque y estableció tres hitos para este proceso en conferencia de prensa, según el gerente de la Gestora, Jaime Durán. Desde el próximo 2 de mayo, los empleadores que realizaban los aportes de sus trabajadores a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) deberán empezar a hacerlo a la Gestora Pública.
La entidad estatal también empezará a recibir y procesar los trámites de jubilación el 15 de mayo, el día de su arranque total. El tercer hito es el 1 de junio, cuando la Gestora empiece a pagar las prestaciones y beneficios a los jubilados.
De acuerdo con datos de la Gestora, entre el 9 de septiembre de 2022 y el 2 de abril del presente año, la Gestora aseguró a 30.965 personas, entre trabajadores dependientes, independientes y consultores.
La entidad estatal registró un total de 9.371 empleadores, de los cuales 9.017 son empresas privadas, 305 son entidades públicas y 49 son cooperativas mineras.
El gerente de la Gestora indicó que se cuentan con una serie de candados que garantizan la correcta administración de los fondos de pensiones, y que sólo el 28% de los 24.000 millones de dólares en los fondos administrados por las AFP están invertidos en instrumentos estatales, mientras que, en los primeros años de funcionamiento de las administradoras privadas, este porcentaje alcanzaba el 72%.
Por otro lado, jubilados y trabajadores de varios sectores exigieron la paralización de la Gestora y la abrogación de la Ley 065 de pensiones en una marcha realizada en las principales ciudades del país. Juan Antonio Ticona, secretario Ejecutivo de la Federación Departamental de Jubilados en el Sistema Integral de Pensiones de La Paz, cuestionó que el Estado esté confiscando los ahorros de 30 o 40 años de trabajo de los ciudadanos y propuso la creación de una gestora privada para que los trabajadores puedan elegir dónde aportar.
Esta propuesta fue compartida por otros sectores y analistas, como Gonzalo Chávez.