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Empresarios de Cochabamba impulsan proyecto de ley para regular protestas y evitar pérdidas millonarias

  • Luis Laredo, presidente del gremio empresarial, lidera la iniciativa ante el impacto económico de bloqueos recientes en la región.

Enfrentando las consecuencias económicas devastadoras de bloqueos recurrentes en la región, los empresarios privados de Cochabamba han tomado la iniciativa de impulsar un proyecto de ley que busca regular las protestas sociales. Con el objetivo de establecer un marco jurídico que impida interrupciones en la circulación y proteja la estabilidad económica, el presidente del gremio empresarial, Luis Laredo, ha denunciado pérdidas millonarias y abogado por la pronta implementación de medidas.

Laredo reveló que el último bloqueo de cuatro días en el Trópico tuvo un impacto económico estimado en 208 millones de bolivianos, subrayando la urgencia de abordar este problema de manera efectiva. El líder empresarial destacó la necesidad de establecer claramente los derechos y deberes de los manifestantes, así como las obligaciones de las autoridades, a través de un marco legal que garantice la libre transitabilidad.

El proyecto de ley propuesto no solo se enfoca en reconocer y salvaguardar los derechos de los ciudadanos a la protesta, sino que también plantea la creación de un régimen sancionatorio para aquellos que infrinjan las normas establecidas. Laredo afirmó enfáticamente: «No podemos permitir interrupciones o bloqueos si buscamos mantener una libre transitabilidad en la región».

En un esfuerzo por incorporar diversas perspectivas, el presidente del gremio empresarial anunció un periodo de 15 días para recopilar sugerencias y opiniones de diferentes sectores antes de redactar el proyecto de ley. Se espera que dicho proyecto sea presentado a las autoridades competentes a finales de este mes o a principios del próximo año.

Ante las crecientes pérdidas económicas y la necesidad de encontrar soluciones efectivas, la propuesta liderada por Luis Laredo representa un intento crucial de equilibrar el derecho a la protesta con la protección de la estabilidad económica en la región de Cochabamba.

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