Protestas se ubicaron frente a instituciones

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Las protestas por un supuesto fraude electoral a favor del presidente de Bolivia, Evo Morales, se trasladaron ayer frente a instituciones públicas en varias ciudades como Sucre, capital del país y sede del Poder Judicial.

Los accesos a instituciones como el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado de Bolivia se vieron afectados por las movilizaciones en Sucre, con bloqueos en calles adyacentes.

La movilización ciudadana obligó al cierre de sucursales del estatal Banco Unión en esta ciudad y otras urbes bolivianas.

La Alcaldía de Cochabamba, en el centro del país, tuvo que cerrar durante buena parte de la mañana hora local, mientras que en la cercana ciudad de Quillacollo la puerta del Gobierno municipal fue tapiada con un muro de ladrillos.

Un cartel junto al muro improvisado advertía que el ingreso estaba “clausurado por los vecinos”.

Las sedes del Servicio de Impuestos Nacionales del Estado, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y la Defensoría del Pueblo también fueron escenario de las movilizaciones en Cochabamba.

El delegado de la Defensoría en Cochabamba, Nelson Cox, declaró a los medios que se tomarán acciones legales contra quienes bloquearon el ingreso.

Santa Cruz, la mayor ciudad del país, registró bloqueos frente a empresas e instituciones estatales como el Instituto Nacional de Reforma Agraria, mientras que en La Paz, sede del Gobierno y el Parlamento bolivianos, hubo algún altercado en una de las estaciones de la compañía pública de teleférico.

Mientras tanto, Bolivia vivía ayer una jornada de espera a lo que pueda pasar cuando al final del día se cumpla el ultimátum lanzado por un líder cívico para que el presidente Evo Morales renuncie, en medio de la crisis en el país tras unas elecciones que la oposición exige que se repitan.

El Comité Pro Santa Cruz, cuyo líder Luis Fernando Camacho fue quien el pasado sábado dio a Evo Morales 48 horas para que deje la Presidencia, tiene prevista una nueva reunión en la noche de este lunes, cuando expire el plazo del desafío lanzado al presidente.

Camacho comentó en la noche del domingo que será en esta asamblea ciudadana en pleno centro de Santa Cruz, la mayor ciudad de Bolivia, cuando se dará a conocer su respuesta si Morales no deja el poder.

No es la primera vez que Camacho lanza una advertencia de este tipo, como hizo al día siguiente de las elecciones del 20 de octubre, exigiendo una segunda vuelta entre Evo Morales y el opositor Carlos Mesa.

La exigencia se transformó después en un pedido de anulación de los comicios y de renuncia del mandatario, que gobierna desde 2006 y es el presidente con más tiempo en el poder en la historia de Bolivia.

El Presidente dijo que convocaría de urgencia a los movimientos afines que le respaldan desde su acceso al poder, hace trece años, aunque lo único que ha trascendido esta mañana una reunión con una federación de cooperativas mineras.

Este tipo de reuniones son habituales en su agenda diaria en la sede de Gobierno en La Paz.

Los bloqueos en calles de las principales ciudades del país se mantienen durante esta jornada, con una incidencia desigual, algo mayor en casos como el del sur de La Paz y en puntos de Sucre, la capital del país.

Además, en algunas urbes como Santa Cruz y Cochabamba se reportan protestas pacíficas frente a algunas instituciones públicas.

Las sospechas de fraude surgieron cuando al día siguiente de las elecciones el recuento provisional pasó de augurar una segunda vuelta entre Morales y Mesa, por ser los dos más votados, pero sin mayoría suficiente, a prever un triunfo en primera ronda del jefe de Estado para su cuarto mandato consecutivo hasta 2025.

Las protestas se desataron desde entonces con episodios violentos como en el que murieron dos hombres por bala la semana pasada en la ciudad oriental de Montero, aunque la violencia se redujo desde entonces por los llamados a la calma desde Gobierno, oposición y movimientos cívicos.

Los detractores de Morales no aceptan la auditoría del proceso electoral que lleva a cabo la Organización de Estados Americanos (OEA), para determinar si hubo o no fraude, al denunciar que está pactada solo con el Gobierno sin haber contado con ellos.

El Ejecutivo de Morales acusa a quienes denuncian el fraude de no haber aportado aún prueba alguna e intentar desconocer su victoria con un intento de “golpe de Estado”, una expresión que el presidente emplea de forma recurrente desde que lleva en el poder cuando surge alguna crisis. (EFE)

El Diario.