3 de los 6 magistrados que aprobaron la postulación de Evo aún son funcionarios
Cinco de los seis magistrados que avalaron la repostulación indefinida de Evo Morales en 2017 fueron contratados como funcionarios públicos luego de terminar su gestión en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Tres aún trabajan para el Estado y uno (junto con su esposa) pasó por cargos diplomáticos o de alto rango. Otro estuvo en la mira por vínculos con el narcotráfico.
“Son parte de los nombramientos a dedo. Al haber sido funcionales al MAS (Movimiento Al Socialismo), para la repostulación indefinida, fueron premiados con puestos dentro del Gobierno. No sólo trabajaron en la gestión de Evo, están trabajando dentro del actual Gobierno. Pero ahora no vamos a permitir una nueva candidatura de Evo”, señaló Román Loayza, cofundador del MAS.
El 28 de noviembre de 2017, los magistrados Macario Lahor Cortez Chávez, Juan Oswaldo Valencia Alvarado, Zenón Hugo Bacarreza Morales, Mirtha Camacho Quiroga, Ruddy José Flores Monterrey y Neldy Virginia Andrade Martínez dictaron la Sentencia Constitucional 0084 que habilitó a los entonces presidente, Evo Morales, y al vicepresidente, Álvaro García Linera, a repostularse de forma indefinida, por “derecho humano”. Sólo el magistrado Efrén Choque se negó a firmar el acta. Es el único que no ocupó otros cargos.
En enero de 2020, el abogado constitucionalista William Bascopé, Roberto de la Cruz y el exmagistrado Gualberto Cusi presentaron una denuncia en contra de los seis extribunos por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Pero en febrero de 2021 el caso fue rechazado y archivado.
De magistrados a funcionarios
Según documentos de la Contraloría General del Estado, al menos tres de los seis magistrados que avalaron la repostulación indefinida en 2017 son funcionarios del actual Gobierno. Así lo demuestran las declaraciones juradas presentadas entre 2021 y 2022.
Sin embargo, hay declaraciones anteriores que muestran que cinco, de los seis, fueron los que apenas dejaron sus funciones en el TCP -en 2018 – accedieron a un cargo dentro de la administración pública central.
El caso más llamativo es el de Ruddy Flores, que no sólo firmó la repostulación indefinida en 2017, sino la tercera candidatura en 2013. El año pasado obtuvo un cargo jerárquico en la Vicepresidencia. Según su reporte patrimonial, entró a la institución el 3 de febrero de 2021 y presentó una segunda declaración el 30 de septiembre de 2021.
Pero éste no es el primer cargo que ocupa. De hecho, es uno de los que más cercanos a la administración estatal se mantuvo.
En febrero de 2018 fue nombrado director general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería y un par de meses después, cabeza del Consejo Nacional de Refugiados en Bolivia. En mayo de ese mismo año Morales lo designó como ministro consejero ante los organismos internacionales en Ginebra, Suiza.
No ingresó solo en la vida diplomática. Al poco de ingresar a la Cancillería su esposa ocupó un cargo diplomático en Bruselas. Hoy ella es funcionaria edil en Pampa Grande. En su declaración jurada puso cero activos.
Asimismo, la hermana de Flores, que en 2018 trabajaba en la Procuraduría, hasta el año pasado trabajó en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. En su caso, su carrera dentro de la administración pública data de hace muchos años.
Macario Cortez firmó su última declaración jurada en mayo de 2021, como funcionario de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem). Tampoco es su primer cargo. En 2018, fue designado como director del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Entonces se supo que era militante inscrito del MAS. Estuvo en el cargo hasta diciembre de ese mismo año, cuando sorpresivamente fue relevado.
La destitución no fue larga. En enero de 2019 fue contratado como director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y fue mano derecha del ministro en turno, Milton Gómez.
Además de Cortez, otro de los exmagistrados que se mantienen vigentes en la función pública es Zenón Bacarreza. Una declaración jurada presentada el 17 de febrero de 2022 advierte que también trabaja en la Aisem.
Durante su gestión como magistrado sumó nueve denuncias en su contra, por delitos como corrupción y tráfico de influencias. En 2016, un grupo de gremiales de El Alto exigieron su destitución como magistrado; lo acusaron de favorecer a su hermana Gladys Bacarreza para que sea jueza de Sentencia y a su hermano, como subalterno en un juzgado.
En febrero de este año, su hermana fue acusada de tener un “cuarto de torturas” en el que, como jueza, intimida a las víctimas de violencia contra la mujer y a sus abogados para que desistan de las demandas. Las denuncias en su contra sobrepasan el medio centenar y resaltan las que la acusan de dejar en libertad a los agresores.
Por estas denuncias, que llegaron hasta uno de los tribunales disciplinarios, se emitió una resolución para su destitución. Sin embargo ésta fue apelada y anulada por el Tribunal de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura.
En febrero de 2019, la diputada Lourdes Millares, de oposición, denunció que el exmagistrado Bacarreza y otro de sus colegas, Oswaldo Valencia, figuraban como postulantes a vocales de las nuevas salas constitucionales que se estaban implementando en los nueve departamentos del país.
La exmagistrada Neldy Andrade -calificada por el exdiputado Amilcar Barral como “mejor amiga” de Flores, en 2018 fue designada como directora regional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera para Potosí y Chuquisaca. Aunque figura en las memorias de la institución de 2019, en el portal de la Contraloría sólo es público el resumen de la declaración jurada de 2018.
En el caso de la exmagistrada Mirtha Camacho Quiroga, ella figura -hasta 2020- como funcionaria de la Dirección Departamental de Educación de Oruro.
Durante su gestión como magistrada acumuló 13 denuncias en su contra por delitos como incumplimiento de deberes, beneficio del cargo, ventaja económica e incumplimiento de una sentencia constitucional. En 2015, según reportes de la prensa, fue aprehendida luego de negarse a declarar en un juicio instaurado en su contra.
Vínculos con el narcotráfico
Luego de dejar sus funciones, el extribuno Osvaldo Valencia se postuló para fiscal general del Estado en 2018 y para vocal en las nuevas salas constitucionales en 2019. No quedó en ninguno de los cargos.
Aunque ambos hechos causaron gran polémica, la mayor se desató por un presunto vínculo con el narcotráfico. En junio de 2019, la Dirección General de Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), intervino un inmueble en el que el narcotraficante Pedro Montenegro realizó algunos eventos.
En Derechos Reales, éste estaba inscrito a nombre de Valencia, quien -en descargo- presentó una minuta de venta hecha en 2018, en favor de una ciudadana.
A los pocos días se hizo pública una fotografía de Valencia y Montenegro. Se acusó a la exautoridad jurisdiccional de obstaculizar la identificación, detención y extradición de uno de los narcotraficantes más buscados en Brasil.
“Son de los nombramientos a dedo. Al ser funcionales al MAS para la repostulación, fueron premiados con puestos”.
Román Loayza, cofundador
De la Constitución al fallo del TCP para la reelección indefinida
Constitución: La Carta Magna señala, en su primera disposición transitoria, que “los mandatos anteriores a la vigencia de la Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones”.
1er mandato: Eso significa que el gobierno 2006-2009, de Evo Morales, debía contar como su primer mandato. Podía repostular en las elecciones de 2009 y, al ganar, gobernar de 2010 a 2015, ya que se prohíben más de dos elecciones consecutivas.
3er mandato: En medio de su segunda gestión, el Gobierno afirmó que la primera “no contaba” porque se dio bajo otro régimen constitucional, que por lo mismo no había concluido, por lo que Morales podía volver a postular.
TCP 2014: En busca de un tercer mandato el Parlamento y el MAS hicieron una consulta al TCP, cuyo presidente era Ruddy Flores. Falló a su favor.
4ta postulación: Apenas había empezado ese tercer mandato cuando el presidente Morales aspiró a una cuarta postulación para 2019. Se llamó a un referendo para consultar a la población sobre esta nueva candidatura, pero ganó el NO.
TCP 2017: Al perder el referendo, el MAS presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la limitante constitucional a los mandatos. En 2017 el TCP habilitó la repostulación indefinida.
Macario Lahor Cortez Chávez
Juan Oswaldo Valencia Alvarado
Zenón Hugo Bacarreza Morales
Mirtha Camacho Quiroga
Ruddy José Flores Monterrey
Neldy Virginia Andrade Martínez
Efrén Choque Capuma
Fuente: Pagina Siete.