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En lo que va del año Salud registró 1007 embarazos en niñas menores de 14 años

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En lo que va del año, 1007 niñas menores de 14 años de edad, estuvieron embarazadas y llegaron a un centro médico para realizarse su primer control prenatal. Otras 30 fueron atendidas por hemorragias que terminaron en abortos y seis se presentaron a los nosocomios con una preeclamsia severa. Por la edad, estas gestaciones son consideradas como el resultado de violencia sexual.

“Debemos ser claros, son niñas con embarazos forzados, no se puede hablar de relaciones sexuales consentidas o gestaciones buscadas”, dijo la directora de Católicas por el Derecho a Decidir en Bolivia, Tania Nava.

Los datos fueron obtenidos del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) del Ministerio de Salud. La fecha de consulta fue del 29 al 31 de julio de 2019.

El presidente del colegio médico de La Paz, Luis Larrea señaló que la situación es preocupante pues muestra que las niñas son iniciadas en la actividad sexual de forma precoz y que se debe buscar el origen. “Hay una falta de políticas de prevención de estos casos que muchas veces son producto de la violencia”, manifestó el galeno.

La Convención de Belém do Pará -organismo de la OEA para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer-, de la que Bolivia es parte, determina que todos los embarazos de niñas menores de 14 años deben considerarse producto de violencia sexual. Establece que los Estados tienen la obligación de brindar una atención especializada, investigar las agresiones y asegurar el acceso a la interrupción del embarazo infantil.

“Este último punto no se está cumpliendo, muchas veces por el desconocimiento de la norma que respalda la interrupción no punible” , añadió Nava.

Cifras incompletas

Según la base de datos del SNIS de enero a julio los centros médicos realizaron 1007 controles prenatales a niñas gestantes menores de 14 años. De ellos 706 fueron realizados antes del quinto mes de embarazo, mientras que 301 fueron hechos después. Unas 391 pequeñas cumplieron con cuatro de esas revisiones.

Aunque el grupo etáreo señala “menores de 15”, la base de datos solo toma en cuenta a las pequeñas menores de 14 años sin precisar la edad mínima. Los casos donde la gestante tiene de 15 a 19 años entran en el rango de embarazos adolescentes.

Asimismo, 30 niñas de 10 a 14 años fueron atendidas en diferentes nosocomios del país por hemorragias que terminaron en abortos. Todas se encontraban en la primera mitad del embarazo. Seis niñas llegaron a los centros médicos con un cuadro de preeclamsia severa. Una fue registrada en la categoría “gestantes y puérperas con sepsis”

Desde el punto de vista médico, el presidente de la Sociedad Boliviana de Obstetricia y Ginecología, Raúl Verástegui señaló que todo embarazo en niñas está catalogado como de alto riesgo por las múltiples complicaciones que pueden presentar.

Para Nava si bien estos datos reflejan los casos reportados por el sistema de salud, son solo un porcentaje de la realidad. “Hay un subregistro del área rural donde el embarazo infantil forzado está naturalizado. Lo mismo pasa en las áreas periurbanas donde las niñas no van a los centros médicos porque son llevadas al circuito clandestino para ocultar la culpa, la vergüenza, la violación y el embarazo”, manifestó.

Al ser un sistema de información en salud, la base de datos no detalla si estos casos -como manda la norma- fueron denunciados a las autoridades. No se sabe si fueron investigados como hechos de violencia sexual.

“Cuando un médico atiende uno de estos casos, al ser menor de edad pedimos la presencia de los padres para determinar el origen. Si hay que denunciar se procede”, dijo Larrea.

Dos demandas legales y la objeción de conciencia

El 18 de julio, la Defensoría del Pueblo presentó dos denuncias penales ante el Ministerio Público contra funcionarios de los municipios de Tiquipaya y Monteagudo por la vulneración de derechos de dos niñas de 12 años. Las víctimas quedaron en cinta a raíz de vejaciones sexuales y fueron impedidas de someterse a una interrupción legal del embarazo.

En el caso de Tiquipaya la denuncia es por incumplimiento de deberes y de la Sentencia Constitucional 206/2014. En esta localidad el 18 de marzo, una niña de 12 años llegó a un centro de salud de Chapicirca donde la médico que la atendió detectó la gestación.

Si bien dio a conocer el hecho a la Defensoría de la Niñez no hizo nada para garantizar el derecho de la niñez y la adolescencia de acceder a un aborto no punible en casos de violación.

El 21 de marzo, la niña llegó con su madre a la Defensoría con una ecografía que daba evidenciaba que el feto ya tenía 22 semanas y un día. La institución solo dio ayuda psicológica. La víctima llegó hasta las 22,6 semanas de embarazo sin que nadie vele por su interés superior.

En Monteagudo el caso es similar. En una visita comunal el personal médico identificó a una niña de 12 años en cinta por un vejamen sexual. Si bien se dio la alerta a la Defensoría de la Niñez, ésta en 40 días no realizó ninguna acción de resguardo de la integridad de la menor de edad. La institución argumentó que la madre y la niña no prestaron cooperación.

En ambos casos las pequeñas fueron obligadas a dar a luz.

“Los Comités Internacionales de Derechos Humanos han señalado que ser permisibles a que una niña víctima de violación continúe un embarazo es equiparable a un trato cruel e inhumano que no puede ser tolerado. No es natural que las niñas y las adolescentes sean madres”, dijo Cruz.

Indicó que durante el 2018, según el SNIS, hubo 2.921 casos de embarazos de niñas y adolescentes. Pero solo se practicó la interrupción en 223.

“Un embarazo de niñas y adolescentes ya se constituye en un delito y corresponde un aborto legal. No se sabe por qué no se realizaron”, manifestó.

Anunció que la Defensoría del Pueblo prepara una intervención para ver el grado de cumplimiento de la sentencia constitucional 206/2014 en los centros de salud. La medida abarcará a todo el país.

Para Tania Nava de Católicas por el Derecho a Decidir, el incumplimiento se debe al desconocimiento de la normativa para la interrupción legal del embarazo. Consultada sobre si la objeción de conciencia es un obstáculo señaló que no debería serlo porque es a título personal y no institucional.

“La objeción de conciencia es un derecho que tiene un prestador de salud para incumplir con una norma general que en este caso sería la Sentencia Constitucional para la interrupción legal del embarazo. No es algo que se presenta ante un caso específico, sino que se debe hacer cuando el médico ingrese a cumplir funciones en el sistema de salud”, manifestó.

Explicó que en caso de que en un centro todos los médicos se declaren objetores es la máxima autoridad de la institución la que debe garantizar el cumplimiento de la norma. “Si no es así la ley ampara a las mujeres para seguir un proceso por incumplimiento de deberes”, dijo.

Punto de vista

RAúl verástegui, Sociedad Ginecológica
“No hay difusión de la 2016/2014”

Recurrir a la objeción de conciencia, en gran parte, es por falta de conocimiento de la Sentencia Constitucional 206/2014 que son para víctimas de violación sexual, incesto, estupro y cuando haya riesgo que afecte la vida o salud de la mujer y en casos de fetos que sean incompatibles con la vida.

El Gobierno no hizo una difusión, lo que se sabe es gracias a organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. También se desconoce que la mayoría de las violaciones en menores son por familiares.

Los médicos nos basamos en las 22 semanas que da la OMS, en cualquier interrupción después de ese tiempo, el feto tiene oportunidad de sobrevivir, nuestro deber es asistirle.

Punto de vista

Nadia Cruz, Defensora del Pueblo a nivel Bolivia.
“Se debe garantizar los derechos”

Es importante recalcar que todo médico como persona tiene reconocido el derecho a la objeción de conciencia. Todos los centros de salud públicos, privados y de seguridad social tienen que tener previsto dentro de sus procedimientos internos la forma en que estos galenos podrán hacer uso de ese derecho.

Pero, hay que recalcar que el derecho de los médicos no está por encima de los de la niñez, la adolescencia y las mujeres que tienen reconocido este derecho de forma constitucional.

Es decir, que los centros de salud, cuando su personal señale objeción de conciencia, tiene la obligación de generar el acceso a otro personal o a otro centro.

Las causales para la interrupción legal del embarazo

Ley EL artículo 266 del Código Penal Boliviano vigente establece que bajo ciertas causales de aborto no está penado. Entre ellos esta la violación, el rapto no seguido de matrimonio, estupro, incesto y cuando está en riesgo la salud de la madre. Todas son aplicables para los embarazos infantiles.
Violación En estos casos solo es necesaria la denuncia. No se requiere de orden judicial ni de una sentencia.
Feto En ciertos casos la inviabilidad del feto también es considerada una causal para interrumpir la gestación.
Violencia El SNIS detectó en los centros de salud 144 atenciones médicas por violencia sexual en niños de cero a 14 años de edad. No son un reflejo de las denuncias legales.

Pagina Siete.

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