Propuesta de ley de Luis Arce contra el racismo en medios provoca debate sobre libertad de expresión
El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha presentado un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional que busca establecer que los trabajadores y propietarios de medios de comunicación no puedan alegar ningún fuero si cometen delitos de difusión e incitación al racismo o a la discriminación.
El proyecto de ley PL 305-2022-2023 propone que se sancione con pena privativa de libertad de tres a siete años a cualquier persona que difunda ideas basadas en la superioridad racial, promueva o justifique el racismo o toda forma de discriminación, pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios, o incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios.
No obstante, el parágrafo III del artículo 281 Septies del proyecto de ley plantea que «cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno».
Ante esta medida, la senadora Centa Rek, de la bancada de Creemos, ha advertido que se eliminaría la ley de Imprenta que establece la autoregulación de los gremios periodísticos a través de tribunales de imprenta.
Rek ha calificado este proyecto de ley como una «ley mordaza» que busca amordazar a la prensa y a la sociedad boliviana en su conjunto, eliminando la vigencia de la ley de Imprenta.
El artículo en cuestión ha reinstalado la polémica de 2010, cuando se aprobó la ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación, que buscaba quitar licencias de funcionamiento o clausura a los medios que incurrieran en racismo y discriminación, y planteaba sanciones económicas.
Los gremios de medios y periodistas rechazaron dicho proyecto de ley por ser atentatorio contra el derecho a la libertad de expresión y, tras una campaña ciudadana, lograron revertir dicho artículo.