Choferes que piden rendición de cuentas son apedreados
Los vehículos de los sindicatos disidentes Eduardo Abaroa y Pedro Domingo Murillo fueron apedreados la mañana de ayer por sus pares de la Federación Andina de Choferes de El Alto, en una pelea por el uso de rutas en la ciudad que saldó con al menos 25 buses dañados y 8 heridos.
El enfrentamiento se suscitó porque la Federación Andina de El Alto determinó que ya no permitirá el ingreso a esa ciudad de los micros del Sindicato Eduardo Abaroa, cuyo secretario general lidera el movimiento disidente para pedir rendición de cuentas de los 20 centavos que se retiene en el peaje para un Fondo de Salud. Los recursos fueron a cuentas particulares de dirigentes de la Federación 1ro de Mayo.
El ejecutivo de la Federación Andina, Víctor Tarqui, uno de los que administró el dinero de los aportes, advirtió a los disidentes que paguen un resarcimiento por 160 movilidades que fueron dañadas durante la marcha y el cabildo que llevaron a cabo los disidentes el pasado miércoles 27 de marzo.
“Un sindicato no puede desafiar a una federación, queremos que haya una situación como corresponde, que no tenga que tener un atrevimiento hacia una federación”, agregó el dirigente.
Por su parte, el secretario general del Sindicato Abaroa Lucio Quispe señaló que al menos 25 de las movilidades de sus compañeros fueron dañadas y anunció que se defenderá las rutas de trabajo. Además pidió a sus bases que no reaccionen, pero tampoco se permitirá agresiones de quienes se creen “dueños” de las rutas.
Tarqui ya había advertido que habría problemas si el sindicato Abaroa no desconoce a Quispe como su líder, porque ya fue expulsado de la Federación acusado de difamar a los dirigentes con el tema del dinero de los peajes.
Este enfrentamiento tiene como raíz la falta de transparencia por parte de los dirigentes y exdirigentes de la Federación Andina y la Federación Departamental 1 de Mayo acerca del destino de los más de 15 millones de bolivianos transferidos por Vías Bolivia a los ejecutivos de esos sindicatos.
En febrero el diputado Wilson Santamaría denunció la existencia de millonarios depósitos por parte de la administradora estatal de peajes a dirigentes de la Federación Departamental 1 de Mayo, para la conformación de un Fondo Pro Salud.
Estos recursos provienen del descuento de 20 centavos de la tasa de rodaje de 1,80 bolivianos que pagan los vehículos livianos de transporte público.
Posteriormente, Santamaría y el diputado Rafael Quispe presentaron una denuncia penal en contra de la dirigencia de los choferes y Vías Bolivia por malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, contratos lesivos al Estado, entre otros delitos. Se adhirieron los dirigentes de cuatro sindicatos que exigen conocer el destino de los recursos.
Pagina Siete.