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Comisión de la Verdad entrega su informe tarde y recibe críticas

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La Comisión de la Verdad entregó fuera de plazo el informe técnico del trabajo que realizaron sus integrantes, por lo que éstos recibieron duras críticas por parte de las víctimas de las dictaduras. Según el grupo que mantiene una vigilia en El Prado paceño, no se cumplieron los objetivos establecidos en la ley con la que fue creada como la identificación de criminales y el paradero de varios desaparecidos.

“Para nosotros ha sido una comisión inservible que no cumplió con la ley creada ni con los objetivos, como el fundamental, de esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares y paramilitares en nuestro país”, manifestó ayer la dirigente de la Plataforma de Luchadores Sociales y Sobrevivientes de las Dictaduras, Victoria López.

La Comisión de la Verdad se creó el 23 de diciembre de 2016 mediante la Ley 879. Su propósito principal era el de “esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves de derechos humanos” durante las dictaduras de 1964 a 1982 que hubo en Bolivia.
Comisión y Defensoría del Pueblo junto al informe.
Foto:Defensoría del Pueblo

De acuerdo con la norma mencionada, debía culminar su trabajo en dos años (2018); pero mediante una modificación se amplió su periodo de trabajo hasta diciembre de 2019. Para entonces se debía presentar un informe final (con la metodología, relación de hechos investigados, conclusiones y recomendaciones) y una memoria histórica sobre las condiciones en las que se dieron la violación de derechos y los delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, recién esta semana se presentó sólo el informe final (compuesto por 11 tomos empastados). Se prevé que la memoria histórica, en la que la comisión aún trabaja, aunque ya esté fuera de término, sea entregada en un acto público en los próximos meses.

López cuestionó que -hasta donde ella conoce- no se hayan desclasificado los archivos militares ni se haya entrevistado a todos los involucrados en las violaciones de derechos humanos. “Es un trabajo pésimo el que hicieron”, aseguró.

Pero la presidenta de la Comisión de la Verdad, Nila Heredia, aseguró que se cumplió con la desclasificación de archivos militares secretos. En relación con las críticas de las víctimas de las dictaduras, dijo que este grupo demanda una reparación económica, aspecto que a la comisión no le correspondía indagar. Sin embargo, Heredia reconoció que no se accedió a todos los testimonios que hubieran sido necesarios para cumplir con su labor.

Es más, la Defensoría del Pueblo recomendó ayer al actual Gobierno que considere ampliar el tiempo de funciones de la comisión y entregarle más dinero para que continúe con el trabajo que le fue encomendado. “La Defensoría del Pueblo recuerda que recomendó la ampliación del mandato y el fortalecimiento económico de la Comisión de la Verdad (…) y ratifica y solicita al actual Gobierno que considere esta recomendación”.

Respecto a esa postura, Heredia dijo que aplicar esa recomendación dependerá del Ejecutivo. “Falta hartísimo (por hacer). El presupuesto que nos dieron es pequeño y restringido. Necesitamos más tiempo y hay mucho material para trabajar, mucho que hacer pero nuestro tiempo se acabó”.

De cualquier manera, la representante de la comisión acotó que se sugerirá la creación de una “casa de la memoria”, la cual continúe el trabajo que su equipo no pudo completar y que, por otro lado, almacene los miles de documentos recabados para que éstos estén disponibles para el público en general.

Tareas a cumplir

Periodo La comisión debía investigar lo ocurrido en las dictaduras militares instauradas en Bolivia. El periodo de tiempo a ser tomado en cuenta fue del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.
Dictador Luis García Meza, quien fue dictador en el país entre 1980 y 1981, falleció en el hospital militar en abril de 2018. Quien fuera su abogado, Frank Campero, lamentó que el testimonio de su cliente no fuera recabado por la Comisión de la Verdad.

Ocho años en vigilia y 34 miembros muertos

Los sobrevivientes de las dictaduras que mantienen una vigilia en El Prado, frente al Ministerio de Justicia, cumplirán en una semana ocho años de protesta en este lugar. En este tiempo ya suman 34 muertos de este grupo, el último de ellos fue su presidente: Julio Llanos.

Entre sus demandas está el conseguir una reparación integral por parte del Gobierno, debido a que sus casos no fueron tomados en cuenta años atrás, cuando se hizo una calificación de las víctimas de las dictaduras que recibirían la atención del Estado.
López muestra fotos de los ataques sufridos en su vigilia.
Foto:Página Siete

Pese al largo tiempo de espera, sus casos no fueron resueltos y ayer la dirigente Victoria López denunció que sus expedientes, los cuales debían ser analizados en el Ministerio de Justicia, fueron trasladados por la Comisión de la Verdad a la biblioteca que se encuentra en la Vicepresidencia. “Esto es un perjuicio para nosotros porque debemos recuperar nuestros expedientes y volver a enviarlos al ministerio para que sean analizados”.

En los ocho años que llevan en El Prado, 34 de sus integrantes han muerto. El último de ellos fue su máximo dirigente: Julio Llanos, quien fue agredido en noviembre de 2019 por personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

El hecho ocurrió durante los conflictos después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Miembros de una masiva marcha que pasaba por El Prado en respaldo a Morales atacaron a Llanos, quien fue hospitalizado y después perdió la vida.

Pagina Siete.

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