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Pedro Vargas Rechaza Notificación del TCP Alegando Caducidad de Mandato

  • El Primer Secretario de la Cámara de Senadores denuncia irregularidades en proceso del Tribunal Constitucional Plurinacional

En una inusual e incisiva declaración, Pedro Vargas, el Primer Secretario de la Cámara de Senadores, ha rechazado de manera contundente la notificación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) referente a la admisión del recurso de nulidad de la convocatoria a una sesión durante el receso legislativo. Vargas alega que la notificación carece de validez, ya que, según él, el mandato de los magistrados del TCP feneció el 31 de diciembre de 2023.

«Esta notificación no tiene validez porque ya me están notificando un día 4 de enero, cosa que ya los magistrados no están en sus funciones, sino que ya ha fenecido su mandato constitucional», afirmó el legislador del Movimiento al Socialismo (MAS), mostrando su rechazo y descontento con el proceso.

Vargas sostiene que los magistrados del TCP ya no ejercen sus funciones de manera legal, sino que, según él, se autoprorrogaron desde el 1 de enero del presente año, vulnerando así lo establecido en la Constitución Política del Estado. Esta afirmación sugiere una crisis en la percepción de legalidad y legitimidad de las acciones del Tribunal.

En la perspectiva del Primer Secretario, el recurso de nulidad fue presentado con la intención de justificar la inasistencia de cuatro senadores «renovadores» a la sesión plenaria del pasado 27 de diciembre. Dicha sesión fue notable por la aprobación del proyecto de ley «de uso, control y funcionamiento técnico del dispositivo electrónico de vigilancia».

Rolando Vallejos, secretario general de la Cámara de Senadores, también se pronunció al respecto. En una jornada anterior, señaló que la notificación al presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, fue «equivocada». Vallejos argumentó que dicho procedimiento debió realizarse en el domicilio legal de Rodríguez en el municipio de Entre Ríos, ubicado en el Trópico de Cochabamba.

Estas declaraciones y acciones generan un ambiente de tensión y cuestionamientos en la esfera política boliviana, poniendo de manifiesto las discrepancias en la interpretación y aplicación de la ley entre distintos actores del ámbito legislativo y judicial del país.

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