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Regiones en apronte por ley que les quita decisión en sus gastos

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Regiones y universidades cuestionan la Ley del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (Pndes) 2021-2025 y aseguran que les quita el poder de decidir en qué gastar su presupuesto. Piden que el presidente Luis Arce no promulgue la norma.

El Senado aprobó en la madrugada de ayer la Ley del Pndes 2021-2025 “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones”, que establece la aplicación y ejecución obligatoria para el Legislativo, el Ejecutivo, las empresas públicas, el Órgano Judicial, el Órgano Electoral, el Tribunal Constitucional, las instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado, las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) y las universidades públicas.

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz señaló que la ley es inconstitucional porque viola la autonomía municipal y sus competencias de planificación del desarrollo municipal, asumiendo el control de los presupuestos y gastos de inversiones de las autonomías.

Añadió que la obligatoriedad que establece la norma en sus artículos 1 y 4 sobre las ETA viola los artículos 270, 272, 302, 321 y 340 de la Constitución Política del Estado (CPE), porque controla sus presupuestos de inversión establecidos conforme a sus instrumentos de planificación aprobados por leyes municipales, como son los Planes de Desarrollo Integral y los Planes Estratégicos Institucionales y los Planes Operativos Anuales (POA).

Agregó que el presupuesto 2022 ya ha sido elaborado por las ETA con base en su autonomía y estos planes. “La Ley de Pndes pretende modificar los planes y con ello controlar los gastos e inversiones, recentralizados los recursos y aplicando de manera retroactiva la ley. Contraviene el artículo 123 de la CPE, pretendiendo aplicar de forma retroactiva la ley”, advirtió.

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz rechazó la “manera abusiva con la que la mayoría oficialista en el Senado sancionó en horas de la madrugada la Ley del Pndes, que vulnera la autonomía municipal”.

“La ley impone a las ETA, es decir gobernaciones y municipios, a basarse en un Pndes que es ajeno a la visión y realidad de los diferentes departamentos y municipios del país, específicamente a la que tiene el Gobierno Municipal de La Paz, que goza de autonomía, según la CPE”, subraya un comunicado.

La Alcaldía observa el inciso II del artículo 4 que señala que “los planes sectoriales, territoriales, de gestión territorial comunitaria, multisectoriales, estratégicos institucionales de empresas públicas y otros deberán ser adecuados, elaborados, formulados y ejecutados en concordancia con el Pndes”. Los incisos III y IV de ese artículo estipulan que los recursos del Presupuesto General del Estado y los que provengan de la cooperación internacional no pueden utilizarse al margen de lo que fija el Plan. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz demanda al presidente Arce que no promulgue la ley en aras del respeto a la CPE, a la convivencia ciudadana y para evitar un mayor tensionamiento en la sociedad.

La ley, que ahora debe ser promulgada en su disposición adicional única, sostiene que los planes sectoriales, multisectoriales, de empresas públicas y otros deberán ser elaborados o adecuados al Pndes en un plazo máximo de 120 días a partir de la promulgación de la ley.

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, en declaraciones a Unitel lamentó que el Órgano Legislativo no aprenda la lección y siga sacando leyes sin socializar con las ETA.

“Lamentablemente nos piden que nos ajustemos al Pndes que están sacando y nos dan 180 días, pese a que ya presentamos nuestros POA, eso nos preocupa”, puntualizó la autoridad.

Añadió que la ciudad de El Alto creció mucho, hay muchas necesidades y se debe priorizar el gasto en salud, educación por la pandemia, pero el Plan da las directrices en las que se debe enmarcar la Alcaldía.

“Si no hay respuesta a nuestras demandas vamos a tener que tomar decisiones en el Concejo Municipal y organizaciones sociales. No queremos pecar de boicoteadores, pero las organizaciones deben conocer”, manifestó.

La ministra de Planificación del Desarrollo, Felima Mendoza, aclaró anoche que en el Pndes aprobado para 2016-2020 ya se definieron las directrices y la obligación de las diferentes instancias del Estado de adecuar sus planes al Plan Nacional. Además, los gobiernos autónomos municipales y departamentales deben remitir la información y planes al Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Aclaró que la Constitución en su artículo 298 establece que la política económica y planificación es competencia privativa del nivel central. “Esto es importante frente a las desacertadas declaraciones y que reflejan desconocimiento del ordenamiento jurídico vigente”, precisó.

Mendoza añadió que la CPE indica que la planificación de desarrollo departamental y municipal es competencia de alcaldías y gobernaciones, pero siempre y cuando los planes estén en concordancia con la planificación nacional. De lo contrario, dijo que sería un proceso ineficiente que los distintos niveles del Estado no puedan armonizar esfuerzos hacia un horizonte que es la planificación del desarrollo.

“Recomendar a la población que no se deje engañar con este tipo de tergiversaciones, argumentos inválidos que sólo tienen el fin de frenar los avances económicos y sociales en este primer año de gobierno. Los que quieren reconstruir económicamente y productivamente el país, por supuesto van a acompañar la estrategia del Gobierno nacional”, dijo.

Universidades marcharán hoy en defensa de la autonomía

Las universidades públicas de Santa Cruz, Potosí, Cochabamba, Sucre y Tarija anunciaron que se movilizarán hoy en contra de la Ley 342 del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social que aseguran vulnera su autonomía.

El vicerrectorado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), la Federación de Docentes de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, la Federación de Docentes de la Universidad Juan Misael Saracho, la Federación Universitaria de Docentes de la Universidad de San Simón y Universidad Tomas Frías en comunicados convocaron a una marcha para hoy.

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) demandó al Gobierno socializar el Plan de Desarrollo y advirtió que estará en apronte ante cualquier amenaza que intente violar el Estado de Derecho. En un comunicado respecto a esa norma, ratificó su compromiso de defensa inclaudicable de la autonomía universitaria como base, principio e instrumento de lucha por la democracia, más allá de cualquier posición ideológica o política,

“Instamos al Gobierno nacional hacer partícipe a la diversidad y pluralidad de los actores de la sociedad civil boliviana en la construcción, socialización, retroalimentación e implementación del Plan, siendo éste un requisito fundamental para dar legitimidad a tan importante instrumento de desarrollo”, precisa la UMSA en el comunicado.

Pagina Siete

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