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En Bolivia rechazan intento oficialista de minimizar secuestro de periodistas

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Afiliados a entidades gremiales, medios de comunicación, periodistas y legisladores condenaron las declaraciones del comandante de la Policía Boliviana, Johnny Aguilera, y de afines al partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) que han calificado de simple “altercado” al secuestro de periodistas ocurrido el pasado jueves 28 de octubre, en la provincia Guarayos, en el departamento amazónico de Santa Cruz.


La Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC), en un comunicado publicado el 1º de noviembre, lamenta que “habiendo transcurrido cuatro días de la brutal emboscada, secuestro y tortura de seis trabajadores de la prensa de Santa Cruz, además de la destrucción de sus herramientas de trabajo, a cargo de un grupo irregular armado, no se conozca hasta ahora ningún resultado efectivo de las investigaciones de los órganos estatales que deben garantizar la integridad de los ciudadanos y la libertad de prensa”.


El pronunciamiento rechaza la definición de “altercado” empleada por el Comandante Nacional de la Policía cuando los testimonios y pruebas materiales señalan que se trató de un secuestro seguido de tortura.
Consultado el comandante Aguilera la noche del 28 de octubre, sobre las acciones a tomar, afirmó que iba a desplazar 200 policías hasta Guarayos, pero con la aclaración de que no estaban yendo “a generar ningún daño, sino a buscar a los responsables de ese altercado y que emplearon armas de fuego”.
El contingente llegó al lugar dos días después, cuando el campamento había sido abandonado por el grupo armado que golpeó, amenazó de muerte y mantuvo secuestrados durante siete horas a periodistas de cinco medios bolivianos de prensa.

SECUESTRO
En su editorial del 2 de noviembre, el matutino El Deber de Santa Cruz, cuyo reportero gráfico Jorge Gutiérrez estuvo entre los seis secuestrados junto a cuatro policías y una decena de trabajadores de la propiedad agrícola Las Londras, enfatizó que “todos los diccionarios definen altercado como discusión o enfrentamiento violento entre dos personas o grupos.


En Guarayos no hubo altercado porque en un lado había un grupo irregular armado y encapuchado, y en el otro había periodistas que llegaron al lugar a recoger información. Lo que hubo fue indiscutiblemente una emboscada y un secuestro. Que el comandante Aguilera no insulte la inteligencia del país para camuflar lo que allí ocurrió con el engañoso altercado”.


Alberto Astorga, diputado de la alianza política opositora Comunidad Ciudadana (CC), indicó a su turno que “es evidente que Aguilera juega un rol más político, es un militante más del Movimiento Al Socialismo y no un policía con formación para defender a la ciudadanía y a sus camaradas”.


En la misma línea del jefe policial, salió a formular declaraciones el diputado oficialista Daniel Rojas, del MAS, el partido del gobernante presidente Luis Arce Catacora.


Rojas dijo que la prensa intenta tergiversar los hechos ocurridos el 28 de octubre en Guarayos y afirmó que los perpetradores, a los que llamó “hermanos”, son campesinos que apenas contaban con una escopeta para cacería, en contradicción con las imágenes captadas en el lugar donde se observa a encapuchados con armas largas, y en cuyos movimientos, según dijo a medios de prensa el analista en seguridad y coronel retirado Jorge Santistevan “se advierte que han recibido entrenamiento militar, por la forma de caminar y la manera en que toman los fusiles”, tras evaluar imágenes captadas por Percy Suárez, uno de los camarógrafos secuestrados.

EL ESTATAL INRA
Por otro lado, Adalberto Rojas, director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras del gobierno de Luis Arce, fue convocado a declarar como testigo en las investigaciones, luego de que en redes sociales se publicaron videos del funcionario en una reunión con personas que participaron en el secuestro y que lo recibieron en Guarayos con aplausos y guirnaldas, al día siguiente de los hechos delictivos.


Rojas negó tercer vínculos con los sindicados y dijo que al llegar a la zona, ubicada a 200 km de la capital Santa Cruz de la Sierra, no estaba enterado del secuestro de los periodistas.


La Fiscalía Departamental de Santa Cruz ha instruido que tres personas, identificadas en las imágenes captadas por el camarógrafo Suárez, sean detenidas, acusadas de los delitos de privación de libertad, lesiones graves y leves, portación ilícita de arma de fuego y asociación delictuosa.


Por su parte, el periodista Daniel Castro, del directorio de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, manifestó que se aguarda la captura y proceso penal a los perpetradores del secuestro y tortura “acaecidos el 28 de octubre en Guarayos y pidió que se apliquen las sanciones contempladas en la legislación”, a tiempo de anunciar que la APSC presentará de oficio una denuncia pública sobre estos hechos, con copia a organismos internacionales de defensa de la libertad de prensa y del derecho a la información.

El Diario

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