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Incendios: presentan ante CIDH informe contra el Gobierno por vulneraciones

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Unitas y Cejis presentaron un informe sobre la política agraria y los incendios forestales en Bolivia ante la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Adelantan que hay vulneración de derechos y piden al organismo que investigue la actuación del Gobierno ante el desastre en la Chiquitania.

“Con el contenido del informe queremos mostrar el accionar del Gobierno en la elaboración de normativas a favor de chaqueo y la ampliación de la frontera agrícola; además de las acciones para responder a los incendios que ya devastaron cerca de cuatro millones de hectáreas en la Chiquitania”, destacó el responsable de Defensa y Monitoreo de Derechos Humanos de Unitas, Daniel Espinoza.

Explicó que la solicitud ante la CIDH responde a los pueblos indígenas afectados por los incendios: chiquitanos, ayoreos, guarayos, cayubaba, baures, sirionó y araona. Resaltó que algunos pueblos se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad frente a los incendios debido a sus reducidas poblaciones o situación de aislamiento voluntario, tal es el caso de los ayoreos del ñembi guasu.

El informe presentando ante la CIDH establece –expuso Espinoza– que hubo vulneraciones a los derechos en el actuar gubernamental. Entre ellas, la aprobación de cinco normas – incluida la Ley 3973– que avalan el chaqueo como práctica común en la producción agropecuaria.

“Hay tres normas que protegen a la Madre Tierra y los Derechos Económico Sociales, Culturales y Medioambientales –la CPE, la Ley de los Derechos de la Madre Tierra y la Ley Marco de la Madre Tierra–, las cuales norman el manejo de bosques; pero el Gobierno no las respeta”, acotó.

El Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 prevé ampliar la superficie cultivada de 3,5 a 4,7 millones de hectáreas hasta 2020 y la Agenda Patriótica establece el incremento de la producción agrícola y al menos ha triplicado la población del ganado. “Si bien el objetivo puede referirse a la extensión cultivada, la norma ha sido aplicada como ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, atentando directamente contra los bosques y el medioambiente”, se lee en el documento.

El Estado permite exenciones para que no haya sanciones a las quemas. “Eso, al igual que el chaqueo, es una vulneración”, dijo.

De acuerdo al informe, otra de las vulneraciones evidentes es la negativa del Gobierno a emitir una declaratoria nacional de desastre por los incendios. “Cuando se adopta el discurso de que la declaración es una derrota, el Gobierno deja de ser diligente. Con ello se prolonga la catástrofe”, sostuvo Espinoza.

El informe –elaborado por expertos del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) y de Unitas– fue presentado en la reunión bilateral con la Relatoría de la CIDH en septiembre pasado. Allí –explicó– se evidenció que el organismo no conocía de la magnitud del incendio en la Chiquitania. Y lamentó que fuera del país se siga creyendo en el discurso “pachamamista” del Gobierno.

El informe establece que hasta el 15 de septiembre, la Fundación Amigos de la Naturaleza registraba 4,1 millones de hectáreas quemadas en el país, el 74,5% en Santa Cruz. Además, que los daños alcanzan a 27 territorios indígenas y a 20 áreas protegidas del país. Resalta que entre 2000 y 2017 la superficie deforestada a nivel nacional se duplicó en un 52%.

El vocero de Unitas remarcó que con ese informe se busca que la Relatoría de la CIDH solicite al Gobierno boliviano informes para que haga su descargo como contraparte. Y, luego, tras una evaluación, el organismo establezca si hubo vulneración.

Pagina Siete

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