Al menos 5.000 efectivos militares y policiales resguardarán el proceso electoral en La Paz

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El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Juan Pablo Torrez, informó el viernes que al menos 5.000 efectivos militares y policiales resguardarán el proceso electoral el 20 de octubre en las 20 provincias del departamento.

«En el departamento de La Paz estamos desplegando cerca de 3.000 efectivos militares y 2.000 efectivos policiales», dijo a los periodistas.

Mencionó que ayer, jueves, los vocales del TED de La Paz se reunieron con las autoridades del Alto Mando Militar y la Policía de La Paz para coordinar el resguardo del traslado de las maletas electorales y la seguridad en los recintos electorales en el día de los comicios.

«Hemos afinado los últimos detalles del operativo de seguridad que se va a desplegar y estamos garantizando no solo el resguardo de las maletas electorales en los acantonamientos militares que hay en las provincias y localidades, sino estamos garantizando la presencia de efectivos militares y policiales en cada uno de los recintos electorales en el departamento de La Paz para que la gente se sienta segura y sienta que el 20 de octubre vamos a vivir una fiesta democrática», dijo.

Por otra parte, Torrez advirtió que se aplicará sanciones establecidas en la Ley 026 de Régimen Electoral si ocurre algún tipo de «dificultad, bloqueos y otros que complicarían la logística electoral».

«Recordemos que la Ley del Régimen Electoral establece que un delito electoral es la obstaculización al proceso electoral, si en alguna medida nosotros sentimos que estuviesen incidiendo en el trabajo logístico operativo que tiene esta instancia electoral no nos va temblar la mano ante la posibilidad de denunciar ante las instancias correspondientes», advirtió.

Según esa norma, en el inciso h del artículo 238 dispone que la obstaculización de procesos electores constituye un delito electoral.

La disposición señala que la persona que promueva desórdenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realización o desarrollo de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato o que evite que las autoridades y sujetos electorales ejerzan sus atribuciones y derechos en un determinado espacio territorial del país, será sancionado con dos a cinco años de cárcel.

asc/ma ABI