El Estado boliviano demanda en la CPI a Evo Morales por «actos inhumanos»

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A nombre del Estado boliviano, el procurador José María Cabrera presentó, este viernes, en la Corte Penal Internacional (CPI) radicada en La Haya, una demanda contra el expresidente Evo Morales por el grupo de delitos contemplados en los «actos inhumanos» y en el marco del «Escrito de denuncia por ataque sistemático contra el pueblo boliviano» que solicita el inicio de este proceso.

La demanda, que también pide juzgar a los dirigentes Juan Carlos Huarachi, ejecutivo de la Central Obrera Bolivia (COB) y Leonardo Loza, líder cocalero del Chapare, tiene que ver con los daños provocados por los bloqueos de agosto que impidieron el abastecimiento de oxígeno, medicamentos y alimentos a la población civil, a partir de una organización "criminal" que fue más allá de sus derechos sindicales.

En ese entendido, el escrito, al que accedió la agencia ABI, solicita a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, que admita esta denuncia por delitos contemplados en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, el instrumento internacional que en 1998 dio vida a la CPI y que fue ratificado por Bolivia en mayo de 2002.

De este modo, la demanda, que contiene un amplio legajo de pruebas, fue planteada bajo la figura legal específica de "actos inhumanos (...) que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental" y enuncia una serie de hechos que llegaron a provocar el fallecimiento de 40 personas por falta de oxígeno.

Para este efecto, Cabrera y el viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, se reunieron con la fiscal Bensouda para exponer los alcances de la acción legal establecida en los mecanismos de "complementariedad" que ejerce la CPI.

"La CPI actúa sobre la base del principio de complementariedad con las jurisdicciones nacionales de los Estados parte, interviniendo en los casos en que aquellas no ejerzan su competencia o no estén en condiciones de hacerlo", señala el documento.

Al salir de la sede de la CPI, Cabrera explicó que aún no se incorporó en el Código Penal boliviano los delitos de lesa humanidad y, por tanto, no existe una calificación de los mismos. Además, Cabrera lamentó que haya operadores de justicia que estén vinculados con el MAS.

En el escrito, que contiene una amplía relación documental de los hechos y antecedentes, se señala que la Fiscalía General del Estado ni los operadores de justicia emitieron una citación para que Morales acuda a explicar sobre las declaraciones que hizo a finales de 2019, cuando ordenó cercar las ciudades. Este caso figura como antecedente de la demanda internacional.

El Procurador también precisó que la Fiscalía de la CPI debe hacer un análisis legal con miras a la realización de una investigación preliminar para un proceso que debe reparar los daños provocados por estos actos inhumanos que se produjeron cuando pacientes afectados por COVID-19 fallecieron tras no poder acceder a la provisión de oxígeno.

"Los actos cometidos por los denunciados encuadran en esta categoría de actos inhumanos (...) y la cualidad inhumana de estas conductas radica en que estaban dirigidas a forzar una decisión política electoral que no podía ponderarse en el mismo nivel de proporcionalidad ante la urgencia de tratar con oxígeno a enfermos en riesgo de muerte inminente", señala el escrito.

Cabrera anticipó que los ciudadanos afectados, entre los familiares de las 40 personas que fallecieron por falta de oxígeno, también pueden ser parte de este proceso legal. "La justicia tarda, pero llega", remarcó.

Las pruebas contra Evo Morales, quien es acusado de planificar estos "actos inhumanos", están sustentadas en sus declaraciones, mientras que Huarachi y Loza tienen responsabilidad directa en el desarrollo de los bloqueos de caminos.

"Esta situación que se vio agravada con la puesta en circulación de videos por redes sociales de grupos comandados por los denunciados en los que proferían discursos de odio y llamados a tomar las armas (...). La incitación al racismo y la invocación de cobro de una deuda histórica racial son la narrativa incendiaria que estos dirigentes, ahora denunciados, utilizan para incitar a sus seguidores a atacar a quienes no forman parte de sus organizaciones", puntualiza el documento.

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