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Al menos 5 normas prohíben uso de bienes en campaña electoral

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El senador Murillo afirma que “ahora es muy difícil poner un alto, pues el MAS tiene los poderes concentrados”. En el masismo niegan la acusación.

La Constitución, la Ley de Régimen Electoral, el Estatuto del Funcionario Público, la Ley Safco 1178 y el reglamento de las elecciones son las normas que prohíben el uso de bienes y servicios del Estado para actos proselitistas, pero las mismas no son acatadas por los candidatos que están en función pública.

La Constitución Política del Estado en su artículo 235 establece que son obligaciones de los servidores públicos “respetar y proteger los bienes del Estado y abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros ajenos a la función pública”.

Esa disposición fue incorporada en la Ley de Régimen Electoral (026) que puntualiza que “en la campaña electoral está prohibido utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas”. Además, está especificada en otras dos normas y en el reglamento de las elecciones del 20 de octubre. (Ver detalles en la infografía).

Las normas también prohíben a los funcionarios realizar o participar de actos proselitistas en horas de trabajo.

Las leyes no se cumplen

No obstante, esos mandatos no se cumplen. El presidente Evo Morales, quien busca permanecer en la silla presidencial hasta el año 2025, viaja en helicóptero o el avión presidencial acompañado de su equipo de seguridad para entregar obras y luego presentar a sus candidatos a diputados y senadores.

Luego está el caso de Félix Patzi, el gobernador de La Paz y candidato del Movimiento Tercer Sistema (MTS), o el senador Óscar Ortiz, el presidenciable de Bolivia Dice No (BDN), quienes realizan campaña sin tomar en cuenta las restricciones.

Frente a ese panorama, líderes de oposición y expertos afirman que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Contraloría y el Ministerio Público deberían iniciar de oficio las pesquisas. Lamentan la “sumisión” de las entidades del Estado.

“Lamentablemente estos órganos al no ser independientes no cumplen sus funciones a cabalidad”, afirmó el constitucionalista Marco Loayza y agregó que la Contraloría debería realizar una auditoría y luego remitir los antecedentes a la Fiscalía porque “hay claras muestras que el MAS usa bienes del Estado”.

El senador de oposición Arturo Murillo sostuvo que en los últimos 13 años se agudizó el uso indebido de bienes del Estado en campaña, pese a estar penalizado por ley.

En su criterio “ahora es muy difícil poner un alto, pues el MAS tiene los poderes concentrados”. No obstante, Murillo dijo que “hay varias denuncias” y que al tratarse de bienes y recursos del Estado el delito no prescribe, según la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

El diputado Amilcar Barral considera que el TSE y otras entidad del Estado “son funcionales al Gobierno en lo político” y los candidatos opositores “le hacen el juego al MAS, como Óscar Ortiz, que acepta la candidatura de Morales, y Carlos Mesa que no aclara las denuncias en su contra”, expresó.

El vicepresidente del MAS, Gerardo García, afirmó que el presidente Morales no hace un uso indebido de bienes del Estado, “sólo aprovecha” su estadía en las diferentes regiones del país para hacer campaña.

La diputada Concepción Ortiz (MAS) aseguró que los actos proselitistas son financiados con los aportes de las organizaciones sociales y de los militantes.

La Ley de Régimen Electoral (026) establece que será el Sifde, dependiente del TSE, el que verificará el cumplimiento de las prohibiciones a la propaganda electoral señaladas en la normas.

Página Siete

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