TSJ denuncia amenazas y afirma que ya se identificó a los autores del video que exige la inscripción de Evo

Romer Saucedo asegura que no cederán a presiones y piden garantías para los magistrados

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó este miércoles una denuncia penal contra los presuntos responsables de un video amenazante en el que se exige la inscripción del expresidente Evo Morales como candidato, y confirmó que los autores ya fueron identificados por Inteligencia.

Prensa Libre

“Vamos a hacer prevalecer la institucionalidad que representamos. Estamos presentando la denuncia ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca contra los presuntos autores, tomando en cuenta que, de acuerdo a los reportes de Inteligencia, ya estarían identificados”, declaró en conferencia de prensa el presidente del TSJ, Romer Saucedo.

El video, que comenzó a circular el martes 3 de junio en redes sociales, muestra a un encapuchado con la voz distorsionada que amenaza a los funcionarios judiciales con tomar represalias contra sus familias si no habilitan a Morales como candidato.

Saucedo calificó el hecho como un acto subversivo y anunció que la denuncia fue interpuesta por los delitos de instigación pública a delinquir y amenazas. “Decirles a estos aprendices de dictadores que no nos corren con la vaina del sable. Nosotros estamos aquí para hacer respetar la democracia”, afirmó.

El magistrado remarcó que el TSJ no se dejará intimidar y que los jueces seguirán cumpliendo su labor “con apego a la Constitución y las leyes bolivianas”. También solicitó medidas de seguridad para los miembros del Tribunal: “No hemos recibido amenazas directas, pero tenemos familias e hijos. No vamos a dejar de trabajar por miedo”.

Las amenazas surgen en el contexto de los bloqueos de caminos encabezados por sectores afines a Evo Morales, que exigen la renuncia del presidente Luis Arce y la habilitación del exmandatario. En los operativos de desbloqueo, la Policía reportó enfrentamientos, secuestro de explosivos y al menos 15 personas aprehendidas.

“El país debe saber que esta violencia está dirigida y responde a intereses personales. Nadie está por encima de la ley”, concluyó Saucedo.