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Choferes llevarán a juzgado civil el despilfarro de Bs 12 millones

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Los choferes que denunciaron el despilfarro de más de 12 millones de bolivianos provenientes de la retención de los 20 centavos del pago de peajes continuarán con el proceso iniciado en contra de los dirigentes y exdirigentes de la Federación Departamental de Transporte 1° de Mayo, al replantear la naturaleza de los delitos de orden público a orden privado, anunció ayer el abogado de los “disidentes”, Frank Campero.

“Nosotros ya tenemos experiencia en estos casos en los que se filtra el tema político, así que hemos decidido continuar con este proceso y lo que vamos a hacer es excluir a la Fiscalía, porque más que una ayuda es un obstáculo a la investigación. Lo que procede ahora es cambiar la denuncia por delitos de orden público y que se pase a delitos de orden privado, para que la Fiscalía no tenga nada que ver”, dijo.

El sábado se conoció que la Fiscalía Departamental de La Paz rechazó la denuncia presentada en contra de los dirigentes de la Federación 1° de Mayo, por el convenio con Vías Bolivia para la retención de 20 centavos del pago del peaje de la autopista La Paz-El Alto en favor de sus afiliados, porque los recursos manejados por esa organización sindical no son del Estado ni éste sufrió el daño económico que establece la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, por lo que las partes deben acudir al derecho civil.

“Se ha establecido en las investigaciones que no hubo en este caso ningún daño económico al Estado, porque los fondos son eminentemente privados, ha habido un contrato de Vías Bolivia y la Federación de Choferes 1° de Mayo para el cobro de 20 centavos por cada movilidad que pase por la autopista”, manifestó la fiscal Edna Montoya.

Vías Bolivia y los choferes firmaron un contrato privado para que la institución pública haga de agente de retención de los 20 centavos en el peaje de la autopista y luego esos recursos fueron entregados a la dirigencia.

Consultada si es un delito que los choferes hayan despilfarrado ese dinero en “farras”, viajes, viáticos y otros, la fiscal dijo: “Podría ser delito, pero no es delito de acción penal pública, tengan en cuenta eso, es un delito de acción penal privada donde los afectados pueden acudir a la jurisdicción ordinaria civil para pedir la rendición de cuentas”.

En marzo pasado se conoció un audio en el cual el actual dirigente de la Confederación Nacional de Choferes, Ismael Fernández, admitió que el dinero de los peajes se había gastado en viajes, viáticos y “alguna farra”.

Al respecto, el abogado de los choferes disidentes indicó que esperan ser notificados por la Fiscalía acerca del rechazo de la denuncia y la fundamentación para esta acción, ya que, según su explicación, quedaron pendientes las declaraciones del exdirigente y testigo Max Pérez.

“Necesitamos saber de manera oficial qué es lo que pasó con la denuncia y por qué se ha archivado, sobre todo cuando no se evaluaron todas las pruebas y testimonios, como del señor Max Pérez”, agregó Campero.

De acuerdo con el jurista, Pérez se presentó ante la Fiscalía en tres oportunidades para declarar, pero el fiscal que lleva el caso desestimó sus pedidos, ya que decía que no era parte del proceso. A pesar de las constantes negativas, su declaración estaba agendada para esta semana.

“Max Pérez es un testigo clave. Él fue la persona que llevaba el registro de los depósitos que realizaba Vías Bolivia y conoce de los retiros y transferencias que se hicieron con esos fondos”.

El domingo, los diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría, quienes impulsaban la causa en contra de la dirigencia de la Federación 1° de Mayo, anunciaron que esta semana presentarán una denuncia penal por supuesto prevaricato contra los cinco fiscales que rechazaron las denuncias contra los dirigentes.

“Iniciaremos acciones en contra de los fiscales que manejaron este proceso, porque no valoraron la documentación presentada y hay una clara acción de prevaricato, una parcialización para proteger a estos dirigentes. La lección del día es que si eres corrupto y amigo del Gobierno nada te pasará”, dijo Santamaría.

Transferencias de recursos de Vías Bolivia

Convenio En 2004, a raíz de protestas y medidas de presión de los choferes, el Gobierno autorizó la rebaja de la tasa de rodaje de los vehículos de transporte público de 1,80 bolivianos a 1,60 bolivianos. La administradora de peajes Toll SA firmó un convenio con la dirigencia del sector para retener 20 centavos y devolverlos a los choferes para la habilitación de un fondo pro salud.
Denuncia En febrero pasado, el diputado Wilson Santamaría denunció que desde 2008 hasta finales de 2017, los dirigentes de los choferes habían recibido 12 millones de bolivianos provenientes de la retención de 20 centavos de los peajes. El legislador consideró que se trató de una transferencia de recursos “irregular”, porque los depósitos se llevaron a cabo a cuentas privadas.

Pagina Siete.

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