Gobierno detecta retardación de justicia en el caso de Lorena

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El viceministro de Justicia a.i., Marcelo Toro, dijo ayer que el Gobierno identificó retardación de los operadores de justicia que dictaron detención domiciliaria con derecho al trabajo para el oficial de la Policía acusado por estupro Cristhian L.V. Según la denuncia, el uniformado cometió este delito con Lorena P., joven que fue hallada muerta hace un mes. El Ejecutivo solicitó al Consejo de la Magistratura establecer control y fiscalización sobre las actuaciones de esos funcionarios.

“Nos llama la atención que en la administración de justicia (seguía) un proceso de estupro que data de hace dos años, cuya medida cautelar se llevó recién (el lunes)”, dijo Toro. Indicó que si esos operadores de justicia adoptaban de forma oportuna las medidas cautelares, “posiblemente en este momento no se lamentaría la muerte de una persona”.

Página Siete informó en febrero que Lorena fue encontrada muerta en la casa donde vivía con Cristhian. Según el informe policial, ella se disparó con el arma del acusado. Ese día -de acuerdo con el reporte- unas vecinas trataron de persuadir a la joven para que no se quite la vida. Ella dejó una carta póstuma y alegó problemas familiares.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Cochabamba, John Klauss Bermudes, aseguró que no se podía tipificar como feminicidio e indicó que el caso estaba en investigación porque el subteniente tenía un proceso por estupro contra Lorena que data de 2017.

Los padres de la joven presentaron la denuncia por ese delito contra el policía. La víctima tenía 16 años cuando asistía al Gacip, donde conoció al subteniente. Cuando transcurrieron casi tres años, el lunes se realizó la audiencia cautelar y juez determinó la detención domiciliaria con derecho al trabajo y sin custodio. Ante esa decisión, la familia de la joven golpeó al oficial hasta con las sillas, lamentando esa decisión de la justicia. Las imágenes se hicieron virales en las redes sociales.

La madre de la joven dijo ayer en la red ATB que es increíble que luego de la muerte de su hija recién se desarrolle la audiencia para beneficiar al acusado. “Al subteniente le han dado un premio”, dijo.

La madre relató que aparentemente él planteó todo. “A mi hija la usaron. Ella firmó el desistimiento (cuando ya cumplió 18 años) y a los dos días apareció muerta”, relató.

El viceministro dijo que el actuar de los operadores de justicia en este caso “llama poderosamente la atención”. Añadió que bajo la política de cero tolerancia a la violencia contra la mujer, el Ministerio de Justicia se convertirá en un participante activo en este caso a través de todas las entidades descentralizadas del Servicio Estatal de Atención a las Víctimas (Sedavi).

La directora del Sedavi, Angélica Rocha, aseguró que en las 72 horas permitidas “apelarán la resolución judicial”. Reiteró que el caso se enviará a fiscalización de la Magistratura con urgencia.

Toro aseguró que mediante una nota ya solicitó al Consejo de la Magistratura que ejerza control y fiscalización sobre las actualizaciones judiciales en este proceso. “Hemos tomado conocimiento de la imposición de una medida cautelar (…) sin tomar en cuenta de forma adecuada los fundamentos establecidos en la ley. Este hecho nos llama la atención”, dijo.

Señaló que solicitaron a través de los mecanismos legales la evaluación de los fundamentos que derivaron en la detención domiciliaria cuando eso no correspondía, sino una medida sustitutiva.

“(Pediremos) el informe y si confirmamos que existía riesgos procesales, nos presentaremos ante las instancias legales (…) porque no está cumpliendo su rol constitucional”, dijo.

Aseguró que el ministerio no sólo actuará en este caso, sino en otros a través de sus brazos operativos. Actuará de forma vehemente contra todo caso de violencia que involucre a la mujer.

Pagina Siete.