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Comité contra la Tortura de ONU expresa grave preocupación por falta de independencia judicial en Bolivia

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En sus observaciones finales al informe periódico del Estado de Bolivia, el Comité contra la Tortura de la ONU expresó una grave preocupación por la falta de independencia de la justicia y la Fiscalía en dicho país, además de otros aspectos como la insuficiente investigación por los hechos de 2019 y 2020.

“El Comité también expresó su grave preocupación sobre la falta de Independencia y la autonomía del sistema judicial y de la oficina del Fiscal General. El Comité urgió al Estado parte a realizar una urgente reforma del sistema judicial, a fin de asegurar el profesionalismo, independencia de todos los jueces y fiscales”, dijo este viernes el presidente del Comité Contra la Tortura, Claude Heller, a tiempo de presentar las observaciones.

Las observaciones finales del Comité se elaboraron después de la presentación del informe boliviano que se realizó entre el 25 y 26 de noviembre.

En el documento escrito de las observaciones finales, el Comité de la ONU señaló que la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Publico se evidencia en procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores políticos.

Llamó la atención sobre la vaguedad de la definición de los tipos penales de sedición y terrorismo en la legislación boliviana y exhortó a modificarlos, a fin de garantizar que sean acordes al principio de legalidad y a los estándares internacionales de derechos humanos.

El uso de esos tipos penales fue cuestionado durante la presentación del informe, puesto que han sido usados en un proceso contra Jeanine Añez. La exmandataria fue detenida en marzo acusada por esos delitos.

Ante ese cuestionamiento, el representante boliviano, el viceministro César Siles, aseveró que esa causa contra Añez estaba paralizada, puesto que está pendiente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional contra dichos tipos penales, ya que el mismo MAS había pedido su inconstitucionalidad.

Entre otras recomendaciones, el Comité Contra la Tortura exhortó a Bolivia “llevar una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso, en particular, adoptando una ley sobre la carrera judicial que garantice la estabilidad profesional, y revisando el proceso de selección, evaluación y remoción de juezas, jueces y fiscales, conforme a criterios públicos y objetivos, basados en el mérito”.

También pidió garantizar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los órganos de justicia e incrementar las actividades de formación de fiscales y jueces con el fin de mejorar la calidad de las investigaciones y la correcta calificación de los hechos.

Los hechos de 2019-2020

“El Comité expresó su preocupación por el insuficiente avance en la investigación de las torturas, malos tratos y el excesivo uso de la fuerza que ocurrió durante el período de la crisis social y política de 2019-2020”, manifestó Heller a tiempo de destacar otro aspecto de las observaciones fínales a Bolivia.

Llamó a que se investiguen de inmediato todos estos hechos y castigar a todos los responsables independientemente de su filiación política. “La justicia es para todos y no sólo para quienes gobiernan o se oponen”, reflexionó.

Asimismo, el Comité expresó preocupación por el reporte de 94 ataques contra periodistas y personal de medios, daños intencionales contra sus instalaciones, así como ataques y obstaculización del trabajo de miembros de organizaciones de sociedad civil, durante la crisis.

En ese marco, exhortó al Estado boliviano a garantizar que los defensores de derechos humanos y periodistas puedan llevar a cabo su labor, sin temor a represalias o agresiones; y asegurar que se investigue, enjuicie y castigue debidamente a los responsables y se proporcione reparación integral a las víctimas.

Otro aspecto de preocupación en dicho periodo fueron los actos de violencia de carácter racista, incluidos los ataques, amenazas y malos tratos a mujeres indígenas por parte de grupos organizados.

En ese marco, recomendó al Estado “investigar sistemáticamente todas las formas de delito de odio, incluidos los actos violentos de carácter racista, enjuiciar a los autores y, en caso de que se les declare culpables, se les castigue con penas que tengan en cuenta la gravedad del delito”.

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