- El Ministro de Gobierno denuncia interferencias en la justicia y pide protección para las víctimas de trata y tráfico de personas.
La jueza de Santa Cruz, Lilian Moreno, ha tomado una decisión polémica al anular la orden de aprehensión emitida contra el expresidente Evo Morales por delitos de trata y tráfico de personas y estupro. Este hecho ha generado un fuerte repudio, especialmente después de que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunciara que el proceso, activado por la Fiscalía de Tarija, fue trasladado al municipio de Villa Tunari, en Cochabamba.
Durante una conferencia de prensa, Del Castillo expresó su descontento: “No puede existir una denuncia de un hecho de violación en contra de una niña, niño o adolescente sin investigarse. Reprochamos el accionar de la jueza, quien no solo ha dejado sin efecto un mandamiento de aprehensión, sino que ha trasladado el caso hacia el municipio de Villa Tunari”, afirmó, enfatizando la gravedad de la situación.
El ministro reveló que Moreno recibió el expediente del caso para una acción de libertad en la mañana del miércoles y programó la audiencia para resolverlo a las 16h00 del mismo día. La decisión de la jueza sorprendió a muchos, especialmente a raíz de la orden de aprehensión contra Morales, emitida la misma noche del miércoles. Esta orden resultó en la destitución de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, y otros dos fiscales que no cumplieron con la instrucción de no investigar el caso.
Del Castillo cuestionó la rapidez con la que se anuló el mandamiento de aprehensión, preguntándose: “¿En qué país vivimos? Precisamente no es esa justicia pronta y oportuna que, en menos de 8 horas, ha sido dejado sin efecto un mandamiento de aprehensión, vulnerando los derechos de una menor y trasladando un juicio hacia el municipio del expresidente Morales. ¿Qué garantía tienen las víctimas para personarse a buscar justicia?”, señaló visiblemente molesto.
Además, el Ministro de Gobierno expresó su repudio hacia la actuación de ciertos administradores de justicia que, a su juicio, entorpecen las investigaciones y obstaculizan el acceso de las víctimas a la justicia. “No podemos seguir en incertidumbre donde existen violadores y no se obtenga justicia para los menores en nuestro país. ¿Qué clase de sociedad vamos a construir? Lo digo, no como Ministro de Gobierno, sino como un padre que siente un repudio, un asco contra esas autoridades”, subrayó.
Del Castillo también sugirió que podrían existir más víctimas de Morales y aseguró que se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer la verdad. “Les brindamos todas las garantías constitucionales de protección. Las vamos a proteger a diferencia de gestiones anteriores. No podemos seguir viviendo en un país donde quienes violan a niñas sigan en libertad”, concluyó.
La denuncia contra Evo Morales y los padres de la víctima fue presentada el 26 de septiembre, relacionándose con un hecho ocurrido en 2015 en Yacuiba, Tarija. La víctima, que en ese momento era menor de edad, tenía 15 años, y como resultado de la relación, nació un niño que actualmente tiene ocho años y está registrado con los apellidos de Morales y de la menor.