Evo Morales minimiza proceso en su contra por trata de personas y acusa persecución política
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- El exmandatario asegura que no tiene miedo y que seguirá luchando junto al pueblo pese a la orden de aprehensión que fue anulada por una jueza de Santa Cruz.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se pronunció hoy sobre el proceso judicial que enfrenta por trata de personas con agravante, vinculando este hecho a una persecución política por parte de gobiernos neoliberales, incluyendo el actual. Morales afirmó que no le preocupa ni sorprende la orden de aprehensión en su contra, que fue dejada sin efecto el miércoles tras una acción de libertad otorgada por la jueza Lilian Moreno.
«No me extraña ni me preocupa! Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. No tengo miedo! No me callarán!», escribió Morales en su cuenta de X, reafirmando su convicción de seguir luchando «junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron», en alusión al apoyo de las organizaciones sociales.
El caso que enfrenta Morales se refiere a una acusación por trata de personas con agravante, luego de que una joven de 15 años, en 2015, quedara embarazada presuntamente tras mantener relaciones con el exmandatario. En 2016, la adolescente dio a luz a una niña, lo que ha intensificado las investigaciones en su contra.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Morales manifestó que sus detractores podrían «silenciar su voz o matarlo», pero que nunca lograrán acallar «la voz del pueblo que hoy siente hambre y desesperación». El líder cocalero también aprovechó para criticar la situación económica y social actual del país, señalando que la «traición» ha destruido la estabilidad lograda durante su gobierno.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que el caso será trasladado a un juzgado de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, una región considerada bastión político de Morales.
En un giro adicional al caso, la exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, por presunta interferencia en el proceso para favorecer al expresidente. Según Gutiérrez, fue destituida de su cargo tras continuar con las investigaciones. Sin embargo, Lanchipa rechazó las acusaciones y sostuvo que Gutiérrez fue retirada por haber actuado con negligencia en el caso.
Este proceso judicial se suma a una serie de conflictos legales y políticos que han rodeado a Morales desde su salida del poder en 2019, y refuerza el clima de polarización que aún divide a Bolivia.