La deforestación creció un 57% entre 2016 y 2021, pero el ritmo de la depredación de esos bosques se aceleró en los últimos 24 meses, señala un estudio de la Fundación Tierra. Además, los especialistas de esta organización hallaron evidencia de “fuertes inversiones” económicas en asentamientos humanos de campesinos que acreditaron tener pocos recursos.
“Sabemos que hay comunidades que se crean como zonas de protección y de alerta para personas ajenas y que entran a territorios controlados por el narcotráfico. Hay varias pistas sobre estos casos, sobre todo en el norte de San Ignacio de Velasco”, un municipio situado a 460 kilómetros al norte de Santa Cruz de la Sierra, señaló Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra y coordinador del estudio “Deforestación 2016-2021” que se publicó hace menos de dos semanas.
En un contacto con EL DEBER, este especialista afirmó que se debe “investigar las razones por las que se emplean muchos recursos económicos en los nuevos asentamientos humanos que, se entiende, están destinados a personas pobres que necesitan acceder a tierras fiscales”. Precisó que existen registros sobre un inédito movimiento de maquinaria agrícola.
“Se están desmontando, de un día para otro, miles de hectáreas y eso significa una gran inversión de capital; inversión en maquinaria mecanizada. Significa movilizar muchos recursos a zonas que no tienen caminos vecinales y que se están abriendo rápidamente con recursos privados”, remarco.
Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) perciben que “de a poco” se están formando “enclaves territoriales” que controlan “áreas estratégicas, pero sometidas al narcotráfico”. Un agente de esta fuerza policial señaló que intereses del narcotráfico lograron interactuar con “interculturales”, “especialmente en Guarayos”, donde se hacen “inversiones importantes” para celebrar ampliados y asambleas “con las que esconden sus actividades”.
Según esos datos, los avasallamientos que se produjeron en las provincias cruceñas de Chiquitos, Velasco y Guarayos están en zonas “geoestratégicas”, próximas a las rutas que usa el narcotráfico para el trasiego de cocaína desde laboratorios que están en la zona o desde Perú, uno de los principales productores de drogas.
El 28 de octubre de 2021, al menos 70 encapuchados redujeron, golpearon y secuestraron durante siete horas a periodistas, productores y policías en la propiedad Las Londras, ubicada, precisamente, en Guarayos. Los avasalladores se identificaron como parte de la Federación de Comunidades Interculturales de Santa Cruz, una de las organizaciones afines al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). Un día después del secuestro de Las Londras, el director departamental del INRA, Adalberto Rojas, se reunió con ese grupo. El funcionario dijo, entonces, que no estaba al tanto del bullado incidente.
La semana pasada se cumplieron 11 meses de esos sucesos. Hasta la fecha no se hizo justicia, ya que dos detenidos fueron liberados y beneficiados con arresto domiciliario, pues el juez no los halló peligrosos, pese a que las imágenes muestran que actuaron armados y encapuchados.
En junio pasado el mismo grupo armado de encapuchados volvió a realizar otro ataque a los predios de Las Londras con el saldo de personas herida a bala.
El 30 de junio el mismo grupo de avasalladores, a nombre de la Federación Especial de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios San Julián Norte, ofreció una rueda de prensa entre San Julián y Cuatro Cañadas. En la oportunidad aparecieron los imputados Nicolás Ramírez Taboada y Martín Tejerina Villalobos, sobre quienes pesa mandamientos de aprensión. En la conferencia de prensa estaban vestidos con poleras con el letrero de “segunda revolución agraria” y se declararon inocentes a pesar de la evidencia.
En contacto con esta redacción, un empresario que trabajó en esa zona explicó que existen personas que se hacen pasar por funcionarios de la Autoridad de Fiscalización de Bosques (ABT) que avalaron asentamientos humanos. “El 95% de esos programas no tienen un plan y el 55% de esos casos está ocupada por gente ajena a la dotación inicial”. Esto, según dijo, puede mostrar un serio problema vinculado con las actividades del narcotráfico. “No se trata ya del MAS o del Gobierno, el Estado está perdiendo presencia en toda esa zona de Guarayos”, alertó.
“Este es un motivo de preocupación y hay indicios respecto a la expansión del narcotráfico a estas zonas de agricultura que estarían financiando para tener una estrategia económica y de protección en estos enclaves”, dijo al respecto Choque, quien detectó esas tensiones en “entre el Bajo Paraguá, una reserva forestal de San Ignacio de Velasco, y Guarayos”. “Se trata de una zona que ya reportó avasallamientos, conflictos sociales con bloqueos de caminos y asentamientos humanos, muchos de ellos ilegales”, puntualizó el investigador luego de resaltar que el estudio que hizo su organización plantea la necesidad de que el Gobierno asuma medidas correctivas desde la “Agenda Patriótica 2025” que se planteó la meta de expandir la frontera agrícola en favor de actividades agropecuarias.
Precisamente, la ABT definió, como un objetivo estratégico de esa agenda con miras al 2025, la puesta en marcha “y monitoreo de los sistemas productivos sustentables, compatibles con el territorio”, así como “la democratización del acceso al uso y aprovechamiento y fortaleciendo la reciprocidad entre todos los actores inmersos en los procesos de desarrollo”, pero sin descuidar las responsabilidades vinculadas con el cuidado del medio ambiente.
La ABT aún no atendió el requerimiento de EL DEBER respecto a las observaciones que surgieron desde la Fundación Tierra.
De acuerdo con los datos que proceso esta institución, este año se deforestan 850 hectáreas por día y, precisamente, una de las causas de la velocidad con la que se eliminan los bosques por efecto de la introducción de maquinaria en todos estos procesos. “El 86% de la deforestación histórica está en Santa Cruz. Esto ha cambiado levemente en los últimos seis años y Santa Cruz representa ahora el 83% con respecto al país. Esto porque está creciendo la deforestación en Beni y en otras regiones, como en Beni, Pando y el trópico de Cochabamba”, dijo.
La ABT fue una de las instituciones que más flexibilizó las autorizaciones de desmonte. En 2017, esta entidad señaló que: “para poder cumplir las metas trazadas, en los últimos tres años de gestión (2015-2017) se ha simplificado y desburocratizado la otorgación de permisos para el avance de la frontera agrícola y pecuaria”.
“Es importante que la ABT pare de dar autorización de desmontes a cualquier autoridad que lo solicite. La cantidad de autorización de desmontes que la ABT ha otorgado en estos últimos cinco años se ha quintuplicado con relación a lo que se autorizaba en 2015. Esto no guarda relación con ninguna racionalidad económica ni productiva ni de sostenibilidad ambiental. Se está entregando miles de autorizaciones por cientos de miles cada año. Por año, la ABT autoriza el desmonte de 150.0000 hectáreas”, apuntó Colque.
De acuerdo con datos del INRA, el 90% de la propiedad agraria en Bolivia y en Santa Cruz está saneado. Este dato, al margen de las tierras fiscales que generan tensiones. Santa Cruz tiene una superficie de 37 millones de hectáreas y las tierras que constituyen objeto de saneamiento alcanzan a algo más de 35 millones, excluyendo las áreas urbanas y los cuerpos de agua. De estas 35 millones se han saneado aproximadamente 32 millones de hectáreas; de este total 15,8 millones representan tierras fiscales no disponibles; es decir, reservas protegidas, parques naturales y reservas, señala el INRA.
Además, hay casi 16 millones de hectáreas tituladas bajo diferentes modalidades. Destaca así la propiedad empresarial, mediana y grande que tiene una titulación de 6,1 millones de hectáreas, las tierras comunitarias de origen con 5,2 millones de hectáreas, además de los fundos con 3,3 millones de hectáreas y comunitarias con 1,5 millones (interculturales).
Alejandro Parrellada, especialista del Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA), consideró que en varios países de América del Sur el narcotráfico también constituye una amenaza a los habitantes de las naciones originarias. Esta semana estará en Santa Cruz de la Sierra para compartir varias reflexiones sobre las autonomías y mecanismos de justicia en esos pueblos.
“Cuidar de ellos también es una barrera para evitar la deforestación”, remarcó el experto.
El Deber