Expertos: Si Luis Arce nombra al Defensor debilitará a la ALP

Constitucionalistas señalan que si el presidente Luis Arce nombra a un Defensor del Pueblo, debilitará las atribuciones y funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Agregan que el Ejecutivo, de consumarse aquello, concentraría “demasiado poder”.

El jueves, el Legislativo votó, sin éxito, por quinta vez para elegir al titular de la Defensoría. Pese a que las bancadas de oposición y el Movimiento Al Socialismo (MAS) se reunieron para consensuar, el proceso quedó empantanado, ningún aspirante obtuvo los dos tercios de votos.

La fundamentación de la Resolución 178/2022, dictada por la Sala Constitucional Cuarta de La Paz, en el marco de una acción de cumplimiento, establece que si la ALP no cumple con su labor, por un tiempo que excede los 70 días, debe acudirse, en el marco de la coordinación y cooperación de poderes, al Ejecutivo.

En 15 de julio, tras conocerse esa resolución, el ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que si la ALP “no toma la decisión y el mandato que le da la Constitución de elegir, tendrá que ser otro órgano del Estado quien tome medidas de emergencia”. Argumentó que los expresidentes Evo Morales y Carlos Mesa designaron en el pasado a magistrados mediante decreto.

Tras el fracaso en la votación del jueves, desde el MAS abrieron la posibilidad de que el jefe de Estado nombre al Defensor, dado que ya se agotaron las vías para lograr una elección en la Asamblea y porque está vigente el fallo judicial referido.

El abogado José Antonio Rivera indicó que la Constitución no le da a Arce la atribución de nombrar autoridades que le competen a otro poder del Estado. Explicó que si el Ejecutivo nombra a la autoridad defensorial, reducirá al mínimo las atribuciones de la ALP y pondrá el riesgo el sistema democrático.

“En la anterior Constitución había una excepción para la elección de autoridades, pero no con la actual Carta Maga. Si el Presidente nombra un Defensor vulnera la Constitución y afecta el principio de separación de poderes. La Asamblea quedaría con las mínimas funciones, los asambleístas deben ejercer su independencia. La Asamblea estaría debilitada y el Ejecutivo concentraría demasiado poder”, sostuvo Rivera.

El jurista Gonzalo Hidalgo explicó que si el mandatario nombra al Defensor transgredirá la Constitución. También detalló que vulneraría el principio de separación de poderes y habría la intromisión del Ejecutivo en el Legislativo, por lo cual se pondrá en riesgo el sistema democrático.

“Si el Presidente se atribuye la facultad de nombrar un Defensor, confirmaría que en Bolivia no existe la institucionalidad constitucional, por lo tanto, se quiebra el sistema democrático. Nuestro sistema democrático también se basa en la representatividad que existe en la ALP para cumplir los mandatos constitucionales”, expresó.

El constitucionalista Julio Veizaga manifestó que habría una ruptura de las reglas de la democracia en el país, porque la Asamblea quedaría como un apéndice del Órgano Ejecutivo. Resaltó que la Constitución no le da al Presidente la atribución de elegir autoridades, cuyos nombramientos son de competencia de la ALP.

“En democracia hay principios, reglas y mandatos que son claros para ejercer. El Presidente no puede invadir competencias. El poder estaría concentrado solo en el Órgano Ejecutivo, se rompería las reglas de la democracia”, enfatizó.

Entre otras consecuencias, los juristas coincidieron en que un Defensor elegido por Arce no sería legal ni legítimo, sus actos serían nulos de pleno derecho, a su vez puede ser impugnado mediante un recurso de inconstitucionalidad. Asimismo, el jefe de Estado sería pasible a futuros procesos penales y un juicio de responsabilidades.

Fuente: Pagina Siete.

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