En el segundo día de movilización de los cultivadores de la hoja sagrada, el abogado de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Gualberto Cusi, informó que presentó un memorial a la Fiscalía, exigiendo que se active una demanda penal contra el ministro de Desarrollo Rural, Remy Gonzales, el dirigente cocalero afín al gobierno, Arnold Alanes, y Darío Manrique, responsable de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin), por respaldar el mercado “ilegal”.
“Está presentada la denuncia penal, pero los dirigentes de Adepcoca tenían la esperanza de solucionar este conflicto de manera pacífica, entablando un diálogo con el Gobierno, pero hasta ahora no se tuvo una solución. Se han cursado notas, solicitudes de audiencias, pero no hay nada por eso se decidió activar la demanda penal para que los denunciados vayan a declarar como corresponde, porque gracias a la protección del Gobierno existe ese mercado ilegal”, indicó Cusi a la ANF.
Manifestó que los denunciados deben dar cuenta de sus responsabilidades, por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y atentados contra el derecho al trabajo. Presentaron la querella hace más de tres semanas, pero presumen que la Fiscalía no realizó ningún actuado.
MOVILIZACIONES
Los afiliados a la Adepcoca se movilizaron el lunes y ayer en inmediaciones de Villa el Carmen para exigir el cierre del mercado paralelo liderado por Arnold Alanes.
Al igual que el lunes, ayer se produjo enfrentamientos con la Policía, efectivos que resguardaban los predios del mercado “ilegal” usaron gases lacrimógenos para dispersar a los movilizados. Cusi dijo que cuatro personas fueron conducidas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), cuando se constituyó en el lugar nadie le supo dar un informe oficial. Antes se informó solo de dos retenidos.
“Me indicaron que eran cuatro arrestados y varios heridos, por eso estoy en la Felcc de la avenida Sucre, pero no hay nada, eso se nos hace muy raro, podría ser que se los hayan llevado a otro lado, estoy averiguando y pidiendo que me informen”, aclaró el jurista.
AMPARO CONSTITUCIONAL
Debido a los conflictos recurrentes que existen entre ambos sectores el abogado informó, que hace dos semanas se presentó también una acción de amparo constitucional.
“Un amparo constitucional se presenta cuando se violan los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, entonces, hemos demandado por la vulneración al derecho al trabajo y al comercio. Hasta el momento no hay una tranquilidad de comercializar la coca porque los productores están obligados a llevar la coca a registrar a la calle 1 de Villa el Carmen, en ese sentido no hay garantías en el comercio de la hoja coca”, explicó.
Ahora la Sala Constitucional Cuarta debe convocar a una audiencia y resolver la demanda planteada por los productores de coca, quienes están a la espera de solucionar el lío. El máximo dirigente de Adepcoca anticipó que las medidas de presión continuarán hasta que se cierre ese centro de venta de coca, además se declararon en vigilia y movilización permanente.
El mercado “ilegal” de la coca ubicado en la calle 1 de Villa el Carmen en La Paz funciona al margen de la Ley General de la Coca (906) y no tiene una resolución ministerial que avale su funcionamiento pese a esto el pasado 28 de junio el ministro, Remy Gonzales, justificó la existencia de los dos mercados.
PERIODISTA HERIDO
El periodista Nicolás Sanabria que realizaba una transmisión en vivo del enfrentamiento entre cocaleros y policías resultó herido.
“Miren esto, miren esto es la manga de mi chompa, producto de un petardo, no es producto de un gas lacrimógeno, es producto de un petardo, esta es la manga de la chompa con que estoy a esta hora de la tarde, esa es la herida que dejó el petardo. Eso es un accidente por estar haciendo esta cobertura de este enfrentamiento entre los productores de coca y la Policía”, dijo mientras mostraba la lesión que sufrió.
Por otro lado, vecinos de la zona Villa El Carmen llegaron hasta la Estación Policial Integral del sector, en demanda de que se baje la cantidad de gases lacrimógenos que usan.
“Estamos muy afectados, principalmente los niños. Pedimos al Presidente que intervenga en el asunto y de soluciones”, apuntó a tiempo de lamentar los perjuicios porque se ven obligados a cerrar sus negocios. (EL DIARIO y ANF)
Fuente: El Diario.