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Suman 4 casos vinculados a Quelca en la Fiscalía y otros dos están en puerta

Suman cuatro las denuncias que la Fiscalía admitió y están vinculadas al ministro de Educación, Adrián Quelca; los afectados por los supuestos hechos de corrupción en esa cartera de Estado anunciaron la presentación de otras dos demandas. La principal querella es la que presentó la viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama, por el presunto “tráfico” de exámenes en el proceso de institucionalización.

“Por el reclamo de las organizaciones sociales y padres de familia, como de los dirigentes del magisterio, que piden esclarecer estos presuntos actos de corrupción, por el tráfico de exámenes y plantillas de respuestas de los cargos directivos, por esta razón presentamos esta denuncia ante la Fiscalía”, afirmó Balderrama el 26 de julio, luego de presentar la demanda.

La denuncia que presentó Balderrama tiene adjuntas más de 1.000 impresiones de mensajes de WhatsApp, audios y videos en los que se evidencia que el exdirector de Educación Superior Técnica Tecnológica Lingüística y Artística, Agustín Tarifa, envió a militantes del Partido Socialista de Bolivia (PSB) las respuestas de los exámenes de conocimiento y las plantillas de méritos, y en otros casos se cometió injerencia en el criterio de los miembros de las mesas de evaluación, para favorecer o perjudicar a postulantes.

Entre esos mensajes de texto, según la querella, se conoce que el 9 de febrero, además del 5, 6 y 7 de mayo, el ministro instruyó favorecer a postulantes en La Paz, Tarija y Beni. La denuncia de Balderrama se constituye en la cuarta investigación abierta sobre hechos de corrupción que involucra a la gestión de Quelca.

De forma cronológica, la primera denuncia fue presentada por una víctima del “tráfico” de exámenes, Édgar Pari, el 6 de julio, contra el director general de Transparencia del Ministerio de Educación, Luis Nina, y la funcionaria Jenny Lía Angulo, por incumplimiento de deberes. La denuncia señala que Pari ganó el proceso de institucionalización al cargo de subdirector de educación superior en Tarija, en abril, pero no fue designado en el cargo porque los evaluadores consideraron que sus certificados de trabajo eran falsos, denuncia que él rechazó y mostró los documentos originales.

El ministro Quelca y Nina no atendieron las solicitudes de Pari para esclarecer el tema administrativo y tuvo que recurrir a un amparo constitucional que ganó, pero hasta la fecha no se cumple con su nombramiento.

La segunda denuncia se abrió “de oficio”, luego de que Página Siete revelara en una nota, del 19 de julio, los mensajes que intercambiaron Tarifa y una familiar suya que trabajaba en el Ministerio Público , en los que se involucra a Quelca y al fiscal departamental, William Alave, en un sobreseimiento con el cual se cerró un caso en favor de Tarifa.

El exdirector de Educación Superior había sido procesado desde 2020, por usar 19.500 bolivianos del ministerio, en la impresión de afiches para candidatos del MAS en Pando, en 2019. A causa del cierre irregular de ese caso, donde se cita los nombres de los fiscales Alexis Vilela, Fernando Atanasio y Vito Vargas, además del exfiscal y actual asesor jurídico del ministerio, Osman Chávez y el director de Asuntos Jurídicos, Samuel Coaquira, se inició una investigación.

El tercer caso, el único en el que Quelca aparece como denunciante, se abrió el 20 de julio, precisamente contra el postulante Pari y la viceministra Balderrama por la supuesta falsificación de documentos.

El jefe de Transparencia, Luis Nina, aseguró que entre 2014 y 2019 Pari ocupó el cargo de Tarifa en el Ministerio de Educación, donde su dependiente era Balderrama, y ese nexo derivó en un “pago de favores” y el uso indebido de influencias para presionar al tribunal de evaluación y lograr la designación de Pari.

Abel Loma, abogado de Pari y de la viceministra, anunció que presentará dos nuevas denuncias contra Quelca y Nina, por supuesto incumplimiento de deberes y simulación de delito.

El jurista afirmó que Nina incumplió los lineamientos de independencia previstos en la Ley 974 de Unidades de Transparencia, porque el 28 de julio salió a puertas del Ministerio de Educación, a aplaudir cuando los militantes del PCB y de la Central Obrera Boliviana (COB), levantaron en hombros a Quelca, en respaldo a su gestión, pese a las denuncias de corrupción.

Caso afiches

 Antecedente El 7 de enero de 2020, tres abogados del Ministerio de Educación presentaron una denuncia contra Agustín Tarifa y quienes resultasen implicados en uso indebido de bienes y servicios del Estado, en el caso afiches.
No responde Página Siete solicitó entrevistas con el fiscal departamental, William Alave, desde mayo, por diferentes casos en los que figura como denunciado; sin embargo,  hasta la fecha, no atendió a las solicitudes  de este medio.

Pagina Siete.

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