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Luis Arce, Fernando Camacho y la cruceñidad elevan la tensión por tierras en Santa Cruz

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La tensión entre el presidente Luis Arce, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y la Asamblea de la Cruceñidad se eleva por el conflicto en torno a la distribución y avasallamiento de tierras en la Chiquitania. Los cívicos anunciaron movilizaciones.

En la ciudad de Santa Cruz se realizó ayer la Asamblea de la Cruceñidad, en la que participaron los comités cívicos, organizaciones sociales, indígenas cruceños, además de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, y el presidente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales.

Los temas centrales a tratar fueron el avasallamiento de tierras en la Chiquitania, que se agravó tras la muerte del indígena chiquitano Lilo Peña; la inasistencia del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a las reuniones del Comité Agrario Departamental, el sobreseimiento al caso fraude y el manejo de la justicia que encarceló a exautoridades y militares.

Después de que cada sector presentó su ponencia, los cívicos y entidades cruceñas acordaron defender la Chiquitania contra el avasallamiento de tierras, exigir una investigación imparcial por la muerte de Peña y realizar movilizaciones contra el manejo de la justicia en el caso fraude y contra la persecución política.

En tanto, en el Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria, el presidente Luis Arce dijo que no entregará “ni un centímetro de tierra” a intereses ajenos al desarrollo del país y aseguró que la distribución de tierras es competencia exclusiva del Gobierno central.

“No vamos a entregar un centímetro de tierra a intereses que no precautelen el desarrollo de nuestro pueblo (…) la titulación y distribución de tierras son competencia privativa y exclusiva del Gobierno central”, afirmó Arce en el acto de conmemoración al 2 de agosto, que se realizó en el estadio del municipio de San Julián, en Santa Cruz, bastión del MAS y de los interculturales.

Arce, en su discurso, recordó que el artículo 298 de la Constitución Política del Estado (CPE), referida a las competencias que tiene el Gobierno nacional, es “para que ninguna gobernación, ninguna alcaldía pisoteando nuestra Carta Magna pretenda atribuirse competencias que no le corresponden”.

Anunció que revertirá la dotación de 760.750 hectáreas de tierras efectuadas en la gestión de Jeanine Añez. Dijo que entregará 26.000 títulos a indígenas, campesinos e interculturales.

Ante la inasistencia del director regional del INRA, Adalberto Rojas, a la segunda reunión de la Comisión Agraria Departamental (CAD), el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, presentó una demanda penal contra el funcionario y dijo que con la distribución de tierras a sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS) el presidente Arce está provocando a Santa Cruz.

“Está provocando una vez más a los cruceños porque sabemos perfectamente que esa dotación de tierras lo que trae es conflicto, dolor y lágrimas a las familias, luto, como hemos visto con el señor Lilo Peña, y eso busca hacer campaña con la tierra y territorio de los cruceños para dárselas a su gente”, dijo Camacho. La autoridad anunció que el 13 de agosto se volverá a reunir la CAD pero en instalaciones del INRA y con vigilia de los cívicos.

Cívicos rearticulan protestas y piden renuncia de fiscal Lanchipa

En Santa Cruz, la Asamblea de la Cruceñidad, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) determinaron anoche rearticular el movimiento cívico nacional con una marcha programada para el 5 de agosto.

Después de dos horas de deliberación, los representantes determinaron instruir al Comité Pro Santa Cruz que se tomen todas las acciones legales para que el “fraude electoral de 2019 sea castigado y los culpables procesados y juzgados”.

En ese marco, el presidente del Conade, Manuel Morales, que participó en la reunión en Santa Cruz, planteó exigir la renuncia del fiscal general, Juan Lanchipa, por el cierre del caso fraude electoral, pedido que fue respaldado por unanimidad por los presentes.

Asimismo, resolvieron realizar una primera movilización a nivel nacional para el movimiento cívico como instrumento de lucha en defensa de la democracia. Para el abogado de los cívicos de Santa Cruz, Jorge Valda, exigir la renuncia de Lanchipa no es suficiente porque todo el sistema judicial y el Ministerio Público responden a intereses del Gobierno central.

“No es suficiente la renuncia de una autoridad. Se está pidiendo una justicia independiente e imparcial, se tiene que reestructurar la justicia y por ello estamos trabajando una estrategia a nivel nacional”, dijo Valda a Página Siete.

Agregó que con la movilización se está convocando a la rearticulación del movimiento cívico ciudadano a nivel nacional. “La marcha del 5 de agosto es en protesta contra el manejo irregular de la justicia hasta que se abroguen las leyes, se reabra el tema de fraude y se libere a todos los presos políticos”.

Además de esas medidas, se ratificó un bloqueo de 48 horas en San José de Chiquitos el 8 y 9 de agosto en protesta por la inasistencia del INRA a las reuniones de la CAD. Otra de las resoluciones fue rechazar la Ley 108 de emergencia sanitaria, porque vulnera los derechos de los distintos sectores de salud. Exigen la abrogación de la norma.

Pagina Siete.

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