Edwin Saavedra rechaza “resolución” y pide una comisión por WTC

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El empresario Edwin Saavedra, mediante una carta dirigida al alcalde de La Paz, Luis Revilla, expresó su rechazo a la intención de disolver el convenio firmado con la Alcaldía para la construcción del World Trade Center (WTC), en la Curva de Holguín.

En la misiva, el empresario también le pide a Revilla que “de conformidad a lo determinado por la cláusula décima del convenio que se pretende resolver se debe conformar una comisión mixta para analizar en el plazo contractual determinado la existencia de causales de resolución del contrato y el órgano competente para ello”.

La tarde del lunes, Revilla comunicó que tomó la determinación de “resolver” el convenio que suscribió con Saavedra el 9 de agosto de 2017. El objetivo de esa decisión: evitar que el documento sea utilizado con intereses políticos.

“Lamento profundamente la intención de resolver este convenio, por la pérdida que significa para la ciudad de La Paz y los grandes esfuerzos económicos y técnicos que he realizado en los últimos años que podrían quedar truncados”, se lee en la nota que envió Saavedra.

El empresario le recuerda al burgomaestre que WTC no sólo es un proyecto inmobiliario, sino que se trata de una inversión “nunca vista en esta ciudad”, y que por la resolución se podría perder la “generación de impuestos, servicios empresariales” y empleos; además de “la cesión de 4.500 m2 de propiedad horizontal a título gratuito para la estación del PumaKatari”.

Saavedra agrega en su misiva que entiende que por “intereses políticos completamente ajenos a este sueño de más de 24 años lo están obligando a usted a intentar dejar sin efecto la realización del mismo, pese a que de nuestra parte se han cumplido con todos los procedimientos y requisitos legales exigidos para la realización de emprendimientos de esta magnitud”; por lo que manifiesta su “desacuerdo con la intención de resolución”.

Frente a esa posición, la Alcaldía paceña afirmó que en el convenio con Saavedra “no hay nada irregular ni ilegal”, pero “por más beneficiosos que sean estos proyectos para la ciudad, el alcalde Revilla dejó sin efecto el convenio para que no se ponga en tela de juicio la transparencia de la gestión municipal”.

La concejala Cecilia Chacón, de SOL.bo, afirmó que más allá de resolverse el convenio queda vigente la ordenanza municipal de cambio de uso de suelos, que beneficia al proyecto WTC.

Sobre la posibilidad de crear una comisión que investigue el caso, Chacón dijo que la primer tarea de esa instancia debería ser la de analizar el porqué Saavedra, de “manera unilateral”, incrementó su propiedad de 26.000 m2 a más de 40.000 m2.

“A partir de eso tendrá que determinar cuáles son las vías que corresponde, si el tema ya entraña un delito penal. Esto ya no corresponde que una comisión investigue, deberá hacerlo la Fiscalía. Si las faltas son de carácter administrativo se deberá seguir esta vía”, dijo.

Otra prioridad -dijo- será identificar la extensión real de la propiedad municipal y de Saavedra en la Curva de Holguín.

Sergio Jiménez, abogado de Saavedra, sostuvo que su cliente tiene registrado en Derechos Reales una superficie de 47.710 m2 y que con esa extensión inició el trámite para la ejecución del proyecto WTC; posteriormente transfirió 6.650 m2 al Ministerio de Obras Públicas para el teleférico.

“Por la transferencia (al Ministerio de Obras Públicas) tiene registrado en Derechos Reales 41.060 m2, que se acredita mediante folio real de fecha 15 de marzo de 2019 . Por tanto, el derecho propietario de Saavedra está protegido por la Constitución”, explicó Jiménez.

El gobierno edil aseguró que el municipio paceño tiene registrados 25.189 m2, que le cedieron a la Alcaldía en 1993. “Adicionalmente, tiene inscritos 12.117m2, que hacen un total de 37.306 m2”, informaron.

Punto de vista
Franklin pareja Analista político

Institucionalidad está afectada

El presente año, las decisiones de gestión pública no están vinculadas a la prioridad de las necesidades de la ciudadanía.

Todos los candidatos que pretenden alguna posición de poder, necesariamente tratarán de vincular su desempeño en la gestión con una cuestión absolutamente de rentabilidad política de corto plazo, eso hace que la ciudadanía pierda notablemente en calidad de obras y mucho menos en pertinencia de obras.

Por lo tanto, lamentablemente la ejecución de la inversión pública se verá seriamente afectada por una cuestión de rentabilidad política y no de rentabilidad social, lo negativo es que esta impronta política termine sepultado la realidad: el SUS, como un inocultable fracaso.

Desde una perspectiva técnica, la institucionalidad está seriamente afectada, dado que el privilegio es partidocrático y no meritocrático, lo cual hace que el funcionamiento de las instituciones en el sector público sean absolutamente deficientes, creando una patología social, desvirtuando la esencia misma de la gestión pública y traicionando los postulados filosóficos y principistas de un supuesto proceso de cambio a partir de un nuevo hombre.

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