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WJP: Bolivia ocupa el puesto 129 entre 139 evaluados sobre situación del Estado de Derecho

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Bolivia mantiene la tendencia negativa de varios años respecto al Estado de Derecho, una de las condiciones básicas para la convivencia pacífica y un orden político, publicó la Fundación Milenio, con base en los datos del Índice de Estado de Derecho 2021 del World Justice Project (WJP, Proyecto de Justicia Mundial) detalla que el país ocupa el puesto 129 entre 139 naciones evaluadas, con un puntaje de 0,39, en la escala que va de 0 a 1, donde 1 indica la mayor adherencia al Estado de Derecho.

En la clasificación regional, Bolivia se ubica en el lugar 29 entre 32 países, comparte los puntajes más bajos con Nicaragua, Haití y Venezuela, y en el puesto 29 de 35 países de ingreso mediano bajo.

El mejor evaluado en América Latina es Uruguay, con un puntaje de 0,7; seguido de Costa Rica con 0,68, y de Chile con 0,66. La calificación que obtiene Bolivia, que no sólo que dista mucho de esos y otros países, muestra el deterioro persistente de la situación del Estado de Derecho. Esto debe ser un llamado de atención para los bolivianos, señala Milenio.

Durante más de una década, el WJP implementó la herramienta más completa para medir el estado del Estado de Derecho en el mundo. El Índice de Estado de Derecho captura las experiencias y perspectivas de la población general y especialistas sobre diferentes dimensiones del Estado de Derecho, y presenta un panorama de las tendencias, fortalezas y debilidades institucionales sobre este tema. De ahí su relevancia.

El WJP define el Estado de Derecho como un sistema durable de leyes, instituciones, normas y compromisos comunitarios. Su vigencia es garantía de ciertos principios universales, como la rendición de cuentas, entendida como la obligación del Gobierno y de los actores privados de rendir cuentas ante la ley; leyes justas, de manera que las leyes sean claras, estables y aplicadas de forma equitativa, protegiendo los derechos fundamentales de la población.

La institución dice que un Gobierno abierto es la condición necesaria a fin de que los procesos para promulgar, administrar y aplicar las leyes sean accesibles, justos y eficientes, y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas, lo que significa que la justicia se aplica de forma oportuna por autoridades competentes, éticas, independientes y neutrales.

La Fundación Milenio concluye que no es sorprendente que el país figure en los últimos lugares en los ranking global y latinoamericano, y que sus puntajes en la mayoría de los factores evaluados, sean de reprobación y sumamente bajos.

“Hay que subrayar que este último Índice 2021 no muestra progresos con relación a los informes anteriores; al contrario, el panorama es de una continuada erosión de las instituciones del Estado de Derecho, y por lo cual se puede hablar incluso de ausencia de Estado de Derecho”, señala el documento.

Observa que el problema más crítico es la pérdida de independencia y el “descalabro” institucional que aqueja al sistema judicial, incapacitado, por lo mismo, de proteger los derechos fundamentales y proporcionar seguridad a los ciudadanos y de poner freno a los abusos del poder político y los funcionarios.

“El restablecimiento del Estado de Derecho es uno de grandes desafíos que tiene la sociedad boliviana. De ello, depende la posibilidad de reconstruir un sistema de gobierno democrático, abierto y transparente, y también de recrear un ambiente propicio para las inversiones, la estabilidad y el crecimiento económico”, sugiere Milenio.

Fuente: Pagina Siete

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