Conflicto por el censo: parlamentarias de 5 países piden al Gobierno buscar la paz para Bolivia y piden veeduría internacional

Parlamentarias de cinco países se pronuncian ante la escalada de conflictos que vive Bolivia. La red latinoamericana de mujeres parlamentarias exhorta al Gobierno de Bolivia a buscar la paz sin recurrir al «uso excesivo de la fuerza policial» que, aluden, es requerida para «amedrentar y vulnerar derechos de los ciudadanos pacíficamente movilizados».

La diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, denuncia la «escalada del conflicto» que vive Santa Cruz y la postura del Gobierno que ha optado por «generar terrorismo de Estado» ante las demandas ciudadanas de censo para el 2023.

La legisladora cruceña ha buscado el apoyo de instancias internacionales para dar a conocer la situación que se vive en la región. Mujeres parlamentarias de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Guatemala han suscrito un pronunciamiento para pedir al Gobierno un cambio en el rumbo del conflicto.

«Exhortamos al Gobierno boliviano a deponer inmediatamente el uso excesivo de la fuerza policial para amedrentar y vulnerar derechos de los ciudadanos pacíficamente movilizados», se lee en uno de los puntos.

También expresan su respaldo «al movimiento cívico boliviano, que en los últimos días se ha volcado a las calles de forma pacífica, abanderando los principios de la democracia y la lucha no violenta» en demanda de un Censo de Población y Vivienda para el año 2023.

El documento suscrito por 15 legisladoras de diferentes países justifica la realización de un censo como «fuente primaria más importante y completa de información estadística y debe ser la base fundamental sobre la que reposa la planificación y gestión de políticas públicas de un Estado».

El pronunciamiento rechaza «los actos de violencia protagonizados por grupos de choque organizados por el oficialismo» y lamenta el fallecimiento de Julio Taborga el pasado 22 de octubre en Puerto Quijarro.

Extienden su repudio al «cerco para evitar la salida y el ingreso de alimentos», una medida de protesta que afecta a todo el país.

De manera explícita denuncia «los hechos de abuso policial reportados los últimos días» y la utilización de la Policía Boliviana como «un brazo represivo del régimen de Luis Arce, ejecutando violentos desbloqueos contra la sociedad civil».

También señala el comportamiento cuestionable de la institución policial como custodios de «grupos de paramilitares del MAS que agredían y violentaban la integridad física de los manifestantes».

El pronunciamiento mira hacia adelante y propone dos vías para la resolución del conflicto con la intermediación de organismos internacionales que pacifiquen el país. «Convocamos a los Organismos Internacionales técnicos especializados de la región y el mundo, como ser la CEPAL y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, a manifestarse en torno a la importancia de la realización de un Censo de Población y Vivienda en Bolivia en el transcurso del año 2023», se lee en el documento.

La solicitud de intermediación también apunta a la participación de personal capacitado para «el apoyo técnico necesario». Además, abre la puerta para que estos organismos se constituyan en «garantes de que el desarrollo del proceso censal se realice guardando los estándares internacionales en la materia».

Finalmente, el llamado a la comunidad internacional clama la atención de «velar por los Derechos Humanos y las libertades de las personas» ante las violaciones continuas que se han vivido en los últimos días.

Nayar, en conversación telefónica con EL DEBER, explica el tenor de este pronunciamiento que se mantiene en el marco del respeto internacional debido. De manera paralela, asambleístas de oposición persisten en las denuncias penales a los responsables de la violencia suscitada en el país.

«Estamos alistando una denuncia contra los ministros de Estado por el cerco a Santa Cruz», adelanta. El documento incluye a los ministros de Gobierno, de Obras Públicas y de la Presidencia.

Por el momento, los diputados acuden a las instancias legales nacionales para denunciar los atropellos a los derechos ciudadanos. Posteriormente, «agotada la vía nacional, recurriremos a las instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos», concluye la diputada de CC.

Fuente: El Deber

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