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En la semana, apareció una asociación de exautoridades electorales nacionales y departamentales, víctimas de “persecución política”, encabezada por Idelfonso Mamani, exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE). ¿Cuál el objetivo? Buscar el resarcimiento por el daño ocasionado en su contra con los procesos judiciales iniciados por el caso “fraude” en las elecciones de octubre de 2019. ¿Merecen? Veamos.

La mayoría de estos vocales fue elegida en 2015. El 21 de febrero de 2016 (21F) organizaron el referéndum para consultar al pueblo si estaba de acuerdo que el presidente y vicepresidente puedan ser reelectos dos veces de manera continua. El pueblo dijo NO. Los perdedores, Evo Morales y Álvaro García, desconocieron el resultado.

El referendo costó 166 millones de bolivianos.

El 27 de enero de 2019, estos vocales organizaron unas primarias inservibles para legitimar a Morales y García, binomio ilegítimo e ilegal. Ambos habían sido habilitados, paradójicamente, de forma inconstitucional por sus amigos del Tribunal Constitucional Plurinacional, en noviembre de 2017. Las ridículas primarias fueron cuestionadas desde la sociedad civil.

Los vocales se ampararon en el artículo 29.III de la Ley de Organizaciones Políticas: “Los partidos políticos y las alianzas podrán inscribir uno o más binomios para la elección primaria, ante el Tribunal Supremo Electoral, hasta sesenta (60) días antes de la elección primaria”.

Esta norma fue aprobada también para favorecer al binomio ilegal del MAS. Pues la lógica dicta que unas primarias tienen sentido cuando hay competencia entre binomios, no cuando todos ganan porque son únicos. Ninguno de los vocales cuestionó esta norma ilógica durante su elaboración. ¿Por qué no lo hicieron? Por cobardía o porque estaban de acuerdo con la repostulación de la dupla inconstitucional.

Las primarias costaron 27 millones de bolivianos.

El 4 de diciembre de 2018, el TSE habilitó al binomio ilegal del MAS. ¡Increíble, pero cierto! Los mismos vocales que habían organizado el referendo del 21F y habían registrado la derrota de Morales y García, los habilitaban. De este modo, pusieron por encima del pueblo las ambiciones de dos políticos.

Algo más. Los mismos vocales que habían organizado las primarias en cumplimiento de una ley, ahora violaban otra ley, la del Régimen Electoral, que en su artículo 15 establece el carácter vinculante de un referendo: “Las decisiones adoptadas mediante Referendo tienen vigencia inmediata y obligatoria, y son de carácter vinculante. Las autoridades e instancias competentes son responsables de su oportuna y eficaz aplicación”.

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Los vocales respaldaron su decisión en la ilógica sentencia Constitucional 0084/2017 del TCP. Por cobardía o por militancia no se percataron que una sentencia del TCP es vinculante cuando se enmarca en la mismísima Constitución, no cuando la viola. Dejaron de lado el “gobierno de la Constitución” y retrocedieron al “gobierno de los hombres”.

Si permitiéramos este retroceso, siete magistrados podrían decir mañana que la tortura es constitucional, en franca violación del artículo 114 de la Constitución, y obligarnos a practicarla. Lo vinculante no está en el artículo de la ley que dice que todo lo que decida el TCP es vinculante, sino en el razonamiento para fundamentar su decisión.

El 20 de octubre de 2019, estos vocales organizaron las elecciones que fueron anuladas luego de que 36 peritos de la OEA descubrieron el fraude cometido en el momento que la exvocal del TSE Lucy Cruz, delegada de Morales, ordenó cortar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Parciales (TREP) para que “desconocidos” alteren, durante la interrupción, papeletas y hacer ganar al binomio del MAS en primera vuelta. No podían hacer fraude sólo en el sistema informático. Hubiese sido fácil de descubrir. Para ser imperceptible, tenían que alterar el origen de los datos: las papeletas.

Las elecciones nacionales costaron 217 millones de bolivianos.

Los vocales hicieron tan mal su trabajo que el mismo partido que los eligió, en la Asamblea Legislativa, los destituyó. Es más, la propia Fiscalía, controlada por el MAS, les inició un proceso y pidió su encarcelamiento.

En los tres actos electorales inservibles orientados a favorecer al binomio ilegal del MAS tiraron al inodoro 410 millones de bolivianos.

Si los vocales hubiesen cumplido la Constitución, respetado las instituciones democráticas y defendido el voto del pueblo, nada de lo que hemos vivido los bolivianos en octubre y noviembre de 2019 hubiese sucedido; y ninguno de ellos hubiese entrado a la cárcel.

¿Merecen un resarcimiento? ¿Merece el descaro ser premiado?

Andrés Gómez Vela es periodista.

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