Gobierno denuncia amenazas y violencia en el Trópico de Cochabamba para imponer poder político paralelo
Viceministro Aguilera advierte que se busca expulsar opositores, restringir el voto y bloquear la presencia del Estado
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, alertó sobre la existencia de un plan sistemático de intimidación, violencia y expulsiones en el Trópico de Cochabamba, destinado a consolidar un poder político paralelo que pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a elegir libremente.
“Tenemos una serie de amenazas que pretenden consolidar un control político… una estructura que está olvidando que todos los ciudadanos bolivianos tenemos el derecho de libre elección”, afirmó Aguilera en una entrevista con El Deber Radio.
La autoridad denunció que se están ejerciendo presiones directas contra candidatos sindicales, obligándolos a abandonar el territorio o retirarse de las elecciones internas si no responden a una determinada línea política, lo cual representa, según sus palabras, un “desconocimiento a la ley” y un intento de neutralizar opositores.
En paralelo, Aguilera advirtió que se están realizando operativos en la región, y mencionó el hallazgo de fosas de maceración vinculadas al narcotráfico, lo que agrava el cuadro de crisis institucional en la zona.
El viceministro calificó la situación como una crisis de institucionalidad, impulsada por una facción que impone “lealtad ciega”, promueve el miedo y pretende imponer una estructura paralela al Estado de derecho. Negó que el Trópico sea una “tierra de nadie”, pero admitió que existen dinámicas disfuncionales que dificultan el trabajo policial y judicial.
Aguilera también vinculó recientes crímenes violentos con bandas criminales que operan en la zona, como el asesinato en Yapacaní a manos de la organización liderada por Ariel Villarroel, sucesor de Nabor López. Este crimen fue presentado como “justicia comunitaria”, pero el Gobierno sostiene que detrás existe una estrategia política para impedir el ingreso del Estado.
En ese contexto, Aguilera denunció que los habitantes son obligados a pagar multas o enfrentar expulsión si no siguen las directrices de los líderes locales, y que desde estos sectores se mantiene a la población en un “estado de odio”, usando la figura de Evo Morales como escudo político.
Sobre el desarrollo de las elecciones, la autoridad afirmó que se trabaja en una estrategia que priorice el diálogo con autoridades sindicales y territoriales, al margen de lo político, para garantizar el derecho al sufragio.
“No todas las personas que habitan en esta, nuestra patria, están de acuerdo con estas medidas (…) trabajamos para impedir que estas acciones se materialicen”, concluyó.
El Gobierno advierte que no se permitirá que los mecanismos de exclusión se impongan, y que el Estado garantizará la libre expresión del voto en el Trópico de Cochabamba.