Fiscalía prepara acción constitucional contra exfuncionario del TSJ acusado de Cohecho Pasivo
- El Ministerio Público no está de acuerdo con la decisión del Tribunal Departamental de Justicia y analiza medidas legales adicionales.
El Fiscal de Anticorrupción, Fernando Aragón, anunció hoy que se está preparando una acción constitucional contra un exfuncionario del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) identificado como J.A.C.B, de 47 años de edad. El individuo está siendo investigado por el delito de Cohecho Pasivo, ya que presuntamente solicitó un soborno de Bs. 20.000 a cambio de favorecer a un litigante con un fallo judicial en diciembre de 2022. A pesar de haber sido recluido en el penal del municipio de Camargo con detención preventiva, el exfuncionario fue liberado por orden de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, una decisión que el Ministerio Público no comparte.
«El Ministerio Público no está de acuerdo con el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca y estamos considerando presentar una acción constitucional. Esperaremos el auto de vista por escrito, ya que, aunque se brindaron fundamentos de manera oral, los vocales tienden a emitir la resolución correspondiente y la Fiscalía la analizará en el tiempo adecuado», adelantó Aragón.
Este caso está siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, la cual ha recopilado pruebas suficientes que hacen presumir la comisión del delito, así como la presunta participación del exfuncionario. Según la investigación, el acusado trató de ocultar el origen ilícito del dinero y proporcionó información falsa, acciones destinadas a obstruir y entorpecer las pesquisas. El Fiscal afirmó que existen pruebas y documentos que respaldan estas afirmaciones.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el 16 de marzo de 2023, el Magistrado Titular de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del TSJ presentó una denuncia formal contra el exfuncionario, alegando que este habría contactado a un litigante y acordado recibir un pago de Bs. 20.000 para influir en una resolución relacionada con un caso de demanda laboral.
El Fiscal también señaló que la investigación podría ampliarse para incluir a otros dos funcionarios sospechosos de realizar cobros similares, según lo declarado por la víctima. «Estamos a la espera de respuestas de diferentes entidades bancarias, como Fassil, que actualmente se encuentra intervenida», añadió.