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Critican a Fiscalía por pedir condena de 20 años para RJC y liberar a la “wawa”

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Entre allegados y diferentes organizaciones cuestionaron al Ministerio Público por solicitar 20 años de prisión contra cuatro miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), procesados por destrozos a los predios de la Fiscalía General del Estado en Sucre, en octubre de 2020, y, por otro lado, dejar impune a Santiago Mamani (Samka), considerado la “wawa” por el vicepresidente David Choquehuanca, quien fue sindicado de ocasionar daños a la estatua de Cristóbal Colón en la ciudad de La Paz en agosto de 2021.

La Fiscalía acusó a Yassir Molina, Milena Soto y los hermanos Mario y Fernando Bascopé, miembros de la RJC, por los delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado y organización criminal, entre otros, presuntamente cometidos durante las protestas contra el fiscal general, Juan Lanchipa, en 2020.

“Ellos, con diferentes conductas, han ido suscitando diferentes delitos y esta situación va arrastrar al delito más grave. Estimamos que unos 20 años (de condena) en función a los diferentes delitos”, señaló el fiscal Javier Gorena.

La representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) en Cochabamba, Lizeth Beramendi, dijo que la petición que hizo la Fiscalía es una aberración jurídica que demuestra el sometimiento de esa instancia al Órgano Ejecutivo y la “mediocridad” de los fiscales por no evaluar la tipología penal y violar derechos constitucionales.

“A los cuatro jóvenes de la RJC se les está acusando de destrozar el patrimonio cultural del Estado, por el grafiti en una pared en Sucre, y se está pidiendo 20 años de cárcel, cuando en comparación, por ejemplo, al joven que el Vicepresidente le ha llamado su wawa, él ha destrozado una obra de arte en El Prado paceño y hasta el día de hoy no tiene ni siquiera imputación”, refirió Beramendi a Página Siete.

Por su parte, Daniela Hidalgo, madre de Yassir Molina, coincidió con esa apreciación y agregó que ni en casos tan graves como el secuestro y torturas a periodistas en Las Londras, Santa Cruz, la Fiscalía actuó de esta manera con los sindicados.

“Sabemos que este caso es político, sabemos que la Fiscalía es el brazo operativo para hacer procesos armados del Gobierno, se están olvidando de que son funcionarios públicos (…) Me gustaría la misma celeridad en el tema legal para Las Londras”, manifestó Hidalgo a este medio de comunicación.

Aseveró que la protesta es un derecho en el país y calificó como un exceso el pedir esa cantidad de años de condena por un grafiti en una pared.

“Los abogados están preparando una buena defensa en coordinación entre todos y así desvirtuar aquellos elementos de prueba que no son fundamentados. Vamos a pedir hasta pericias para que se pueda demostrar que esos delitos no existen”, remarcó.

Sin embargo, el fiscal Gorena aseguró que los acusados incurrieron en la conformación de una organización criminal con relación al delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, privación de libertad, fabricación y porte y portación de explosivos, atentados e impedir el ejercicio de funciones.

Para la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, los fiscales y jueces incurren en excesos en este caso y abuso en la aplicación de la prisión preventiva.

“Para los presos están pidiendo 20, 10 años y yo con la verdad en mis manos de los acontecimientos de lo que pasó, de la responsabilidad que tenemos todos como sociedad civil, cómo callar, libertad y libertad para ellos, en un juicio justo”, exigió.

Demanda internacional

Beramendi e Hidalgo informaron que junto a otras organizaciones del país se solicitó una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacer conocer todos los atropellos que se viene cometiendo en la vía judicial en éste y otros casos.

“Como Conade, junto a otras 19 organizaciones (…), hemos solicitado audiencia a la presidente de la CIDH, la nota ya ha sido presentada de manera virtual y presencial. Estamos a la espera de que se nos señale fecha de la audiencia, hemos solicitado una audiencia virtual para que podamos participar todos los representantes de estas organizaciones”, manifestó Beramendi.

Implicados de RJC

Molina • Yassir Molina está detenido preventivamente en el penal de San Pedro de Oruro. “Mi hijo está muy tranquilo, está con la verdad por delante y mucha fe”, informó Daniela Hidalgo.

Bascopé • Los hermanos Mario y Fernando Bascopé están recluidos en la cárcel de San Roque, de Sucre. El primero ya fue sentenciado a 10 años de cárcel por un caso vinculado al tráfico de sustancias controladas, a raíz de que en un vehículo que había vendido en 2015 hallaron drogas dos años después.

Soto • Milena Soto cumple con la detención domiciliaria en Cochabamba por este caso de daños a la Fiscalía.

Fuente: Pagina Siete

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