El impuesto a la riqueza está en debate por la crisis de Covid-19

En los países de la región se comienza a debatir la necesidad de aplicar un impuesto a la riqueza o patrimonio para mejorar los ingresos del Estado, en Bolivia expertos en tributación discrepan sobre su utilidad e impactos.

En Argentina se discute actualmente sobre un nuevo tributo extraordinario que, según la prensa local, se aplicaría una sola vez sobre fortunas superiores a los tres millones de dólares e involucraría a 12.000 personas físicas con este nivel de riqueza. Entre ellos, obviamente, a los empresarios más importantes del país, señala Deutsche Welle.

En Alemania se ha propuesto un impuesto extraordinario y único a la propiedad, de parte de los socialdemócratas, que gobiernan en coalición con los conservadores de Ángela Merkel.

El objetivo de ambas propuestas es recaudar fondos adicionales para enfrentar las consecuencias económicas de la actual pandemia de coronavirus.

El caso de Bolivia

En un artículo reciente publicado por Página Siete, la exviceministra de Política Tributaria Susana Ríos señaló que un nuevo sistema de tributación basado en la acumulación de recursos, llámese patrimonio o riqueza, permitiría al Estado contar con recursos para encarar un proceso de recuperación económica, e impulsaría un proceso de redistribución a través del financiamiento de servicios necesarios como el servicio de salud, ampliar la transferencia de recursos incluyendo a los Contribuyentes del Régimen General.

Además, reduciría presión en sectores de recaudación porcentualmente más alta como Pricos y Gracos, y ayudaría a establecer un sistema tributario basado en la redistribución de ingresos real.

El expresidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) Roberto Ugarte opinó que desde el punto de vista técnico no es efectivo ni recomendable aplicar este tipo de impuesto, ya que ahuyenta y castiga las inversiones, la expatriación de capitales y la evasión.

Su administración sería complicada porque se liquida a base de presunciones y genera inequidades en su aplicación, elusión y evasión. “La participación de este tipo de impuesto en los países donde están vigentes es marginal, no llega ni al 1% del PIB. En Bolivia una parte del patrimonio de las personas ya está gravada con los impuestos municipales (inmuebles y vehículos). Las cuentas bancarias en dólares están gravadas con el ITF”, explicó.

Lo más recomendable, en criterio de Ugarte, es incorporar a la estructura primero un impuesto a la renta de personas naturales.

Jaime Rodrigo, analista tributario, explicó que el impuesto a la riqueza o los grandes rendimientos, está orientado a gravar verdaderas fortunas y en algunos países donde se aplica ha provocado la salida de capitales, por eso se ha desechado. “Considero que en Bolivia no tenemos la información suficiente como para saber si un impuesto de esa naturaleza tendría efectividad”, puntualizó.

El tema ha cobrado actualidad con la crisis de la Covid-19. “Los Estados procuran conseguir recursos para cubrir la difícil situación por la que está atravesando la economía global, pero para que este impuesto sea eficiente los países tendrían que ponerse de acuerdo en medidas uniformes porque de lo contrario se va estimular más aún la migración de capitales a países de baja tributación”, añadió Rodrigo.

Para evitar la evasión de este tipo de tributos lo primero es la información. Se necesita contar con una base de datos sobre el crecimiento patrimonial de las personas. “Por eso en un medio donde no se cuenta con el impuesto a las personas, es muy difícil pretender gravar solamente a los que tienen mayor riqueza”, subraya el experto.

En España está en discusión un impuesto a las grandes fortunas y en Brasil también existe un proyecto.

El Estado debe ampliar la base tributaria

El analista Jaime Rodrigo señaló que es muy difícil pretender recaudar más en una época de vacas flacas, el Estado debe procurar generar lo indispensable para la atención de servicios públicos.

La eficiencia en la gestión fiscal debe enfocarse con mayor énfasis en recortar los gastos antes que en obtener más ingresos (disciplina fiscal).

“El Estado debe procurar ampliar la base tributaria integrando a más contribuyentes y para ello debe poner su mirada sobre el sector informal de la economía, esta es una asignatura pendiente desde los años 80”, indicó.

Según datos de la Cepal, OCDE, CIAT, BID en la región Cuba lidera la recaudación con 40,6% como porcentaje del PIB, le sigue Brasil 32,3%, Uruguay 30,9%, Argentina 30,3%, Costa Rica 24,1%, Bolivia 23,9%, Nicaragua 23,8%, Honduras 22,8%, El Salvador 20,4%, Chile 20,2%, Ecuador 19,9%, Colombia 18,8%, México 16,2%, Perú 15,3%, Panamá 14,7%, República Dominicana 13,9%, Paraguay 13,8% y Guatemala 12,4%, refleja Deutsche Welle.

En Colombia, Uruguay y Argentina hay gravámenes

En América Latina, donde la desigualdad patrimonial es mayor que la medida por ingresos, son al menos tres los países que ya gravan la fortuna acumulada de las personas más ricas.

El economista chileno Ricardo Martner, exjefe del departamento fiscal de la Cepal, destaca el ejemplo del impuesto de Colombia a los grandes patrimonios individuales o corporativos. Con una tasa única del 1% para los patrimonios netos superiores a cinco millones de pesos colombianos (1,2 millones de dólares), exime la primera vivienda del contribuyente hasta un monto determinado. Y podría ser un modelo a mirar en el futuro, para crear fondos fiscales de emergencia como los que se requieren hoy, sugiere, según Deutche Welle.

En Uruguay, existe también un impuesto al patrimonio (IPAT), que grava a personas naturales y jurídicas localizadas en el país (con entre el 0,4 y el 0,7 %) y no residentes (con entre 0,7 % y 1,5). La Dirección General Impositiva exime activos en el exterior, determinadas áreas forestadas y bienes inmuebles rurales, títulos de deuda pública y acciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Argentina el impuesto a los bienes personales grava bienes en el país con entre el 0,5%% y el 1,25 % y en el exterior, con entre el 0,7 % y el 2,25%. Mientras Chile, con el estallido social, ha legislado subir del 30% al 45% el impuesto a las rentas más altas, Pero el concepto de patrimonio incluye desde efectivo, vehículos como autos y barcos o inmuebles, hasta metales preciosos, obras de arte, joyas y otros.

Pagina Siete

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