NNUU apoya al Gobierno para fortalecer planes de contención del COVID-19 en cárceles

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El Grupo Interagencial de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, brinda asistencia técnica a la Dirección General de Régimen Penitenciario para fortalecer los planes de acción y contención del COVID-19 en las cárceles del país, informó el viernes la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Según un boletín institucional, «el Sistema de NNUU agradece la apertura de las autoridades para colaborar con la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad en las cárceles y reafirma su compromiso para continuar brindando asistencia técnica al Estado para enfrentar los desafíos de derechos humanos que conlleva la actual pandemia».

En la segunda reunión virtual técnica de las NNUU, que se realizó el jueves el director General de Régimen Penitenciario, Clemente Silva, manifestó que incluirá las recomendaciones recibidas en sus Planes de Acción y Contención, pero además en el desarrollo que actualmente están haciendo de su Plan de Intervención ante el COVID-19, con un flujograma de atención oportuno.

Entre las recomendaciones del Grupo Interagencial de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia se resaltaron: Realizar protocolos de respuesta desde la detección de casos sospechosos, casos positivos y derivación, acompañados de simulacros de actuación que involucren activamente a las personas privadas de libertad, sus familiares, personal de seguridad, personal administrativo y médico, así como a las diferentes instancias del Sistema de Salud.

Mantener actualizados los registros y archivos individuales de personas con enfermedades crónicas y prever la continuidad de sus tratamientos, así como un mapeo periódico de las personas en mayor situación de vulnerabilidad.

Informar a personas privadas de libertad sobre las medidas de prevención del COVID-19, así como reforzar las dinámicas de limpieza y desinfección de áreas comunes.

Garantizar el derecho a la información de personas privadas de libertad, la comunicación con sus familiares y abogadas/os defensoras/es, el acceso a la protección jurisdiccional, así como prever formas de contención psicoemocional para el personal de seguridad, personal administrativo y médico, personas privadas de libertad y sus familiares.

Coordinar con el Órgano Judicial y la Fiscalía General del Estado con el objeto de analizar las medidas para reducir la población penitenciaria, mediante la liberación temprana, provisional o temporal de personas privadas de libertad y evaluar la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario o libertad anticipada para personas consideradas en mayor situación de vulnerabilidad como: Las personas adultas mayores, mujeres embarazadas o con niños/as a su cargo, entre otras, basadas en estándares y recomendaciones internacionales, y en buenas prácticas a nivel internacional.

Red central-dea/mcr/ ABI